Sandra Ortiz será acusada de lavado y tráfico de influencias por escándalo de la UNGRD

El próximo jueves, 06 de marzo, la Fiscalía acusará formalmente a Sandra Liliana Ortiz Nova exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, ante el juzgado 8 penal especializado de Bogotá, investigada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

La vinculación de Ortiz en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se debe a una serie de pruebas que demuestran su implicación en un esquema de sobornos.

Según la Fiscalía, en octubre de 2023, Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la Unidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, la suma habría sido transportada y entregada a Iván Leonidas Name Vásquez, quien fue el presidente del Congreso de la República como parte de un pago de coimas.

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Para el ente de control, Ortiz habría incurrido en un concurso de conductas punibles, lo que podría derivar en una condena por lavado de activos, el delito con la pena más alta de los que enfrenta. Este cargo incluye una posible extensión de la sanción debido a otras conductas ilícitas imputadas, las cuales serán definidas por el juez de conocimiento en la audiencia de lectura de sentencia.

La exconsejera, actualmente está recluida en una guarnición militar y con base en el escrito de acusación, se expondría a una pena de hasta 10 años de prisión si no alcanza un acuerdo con la Fiscalía antes del juicio.

Además, en el escrito de acusación de la Fiscalía, que consta de doce páginas, se incluyen graves señalamientos contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

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Según las investigaciones, González dio instrucciones para entregar contratos por un valor total de 60.000 millones de pesos a favor de Iván Leonidas Name y más de 10.000 millones de pesos a favor de Andrés David Calle Aguas expresidente de la Cámara de Representantes.

El expediente también señala que González solicitó la adición de 11.000 millones de pesos al contrato de obra No. 9677-PPAL001-727-2022, que la UNGRD ejecutaba en Repelón, Atlántico y le habría indicado a Sandra Ortiz que organizara un desayuno con Iván Name y Olmedo López para consolidar la relación y asegurar el acuerdo.