Se cae preacuerdo con implicados en red de corrupción en el Invima

El juzgado quinto especializado de Bogotá rechazó el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y nueve procesados por las irregularidades en los trámites para autorizar las licencias de comercialización de productos estéticos en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Para el juez, el preacuerdo firmado no cumplía los mínimos requisitos exigidos en cuanto a la búsqueda de la verdad, la reparación de las víctimas acreditadas y la posibilidad de ser testigos en otros procesos que se adelantan por estos hechos irregulares dentro del Instituto.

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Debido a esto, se cuestionó el alcance de la negociación, citando que no se hizo un análisis claro del caso, sino que solamente se realizó una mención general de la investigación, omitiendo los hechos jurídicamente relevantes, la participación de cada uno de los procesados y su compromiso con la justicia.

En este punto indicó que se presentaron fallas en las penas que se iban a imponer de manera individual a los procesados, omitiendo además el trámite para realizar la respectiva reparación económica.

Los abogados de Diego Fernando Isaza Ortiz, María Cristina Ortiz Calderón, Jorge Iván Sánchez Salazar, Agustín José Sánchez Mora, John Hernando Plata Hernández, Alicia Fernanda Celis Ferreira, Miguel Ángel Gómez Rodríguez y Anayibe Gómez Rivero solicitaron revisar la decisión judicial.

Estas ocho personas fueron capturadas en septiembre de 2018 en un complejo operativo. En la imputación de cargos fueron señalados de crear una red criminal que exigía el cobro de altas sumas de dinero con el fin de agilizar los permisos para la aprobación de licencias de productos de belleza.

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Sin embargo, según señaló la Fiscalía General, estos productos no cumplían con todos los requisitos científicos e higiénicos para su comercialización, lo que ponía en grave riesgo la salud de los consumidores.

En varios casos, señaló el ente investigador, los funcionarios del Invima falsificaban registros sanitarios o avalaban productos que habían sido rechazados en el respectivo análisis, entregando así certificados positivos. Pomadas, cremas, pastillas para adelgazar y aumentar las defensas recibieron estos certificados pese a que no contaban con los requisitos mínimos.

Debido a esto, la Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho (sobornos), falsedad ideológica en documento público y privado y enriquecimiento ilícito.