Tras recibir amenazas, director de Policía Fiscal y Aduanera sale del cargo
La "mafia" estaría detrás de las intimidaciones y presiones al general Juan Carlos Buitrago.
Fuentes de la Policía Nacional le confirmaron a RCN Radio que, por orden del Gobierno Nacional, salió de la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera el general Juan Carlos Buitrago, quién en los últimos meses habría recibido amenazas de muerte de parte de mafias.
La decisión de su salida se da como una medida de protección, por lo que se le asignó un esquema robusto de seguridad.
Se conoció también que una vez termine una incapacidad que cursa actualmente, saldrá a vacaciones y luego esperará las decisiones del mando sobre su trasladado, que sería a una comisión en el exterior, según trascendió.
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La salida del general Buitrago se da en medio de la polémica que se conoció por la información que este habría entregado frente al caso del asesinato de la líder Karina García, y la responsabilidad de las disidencias de las Farc en el crimen.
En su momento, Buitrago aseguró que tras operativos había incautaciones de armas y capturas. Esa información fue desmentida por la Fiscalía. A eso, la Policía respondió que se trataba de operativos diferentes y que en ningún momento se relacionó las incautaciones con el caso de Karina García.
El general Buitrago duró dos años como director de esa unidad y en ese lapso se logró el decomiso de 188 millones de mercancías avaluadas en $437 mil millones y realizaron 499 diligencias de registro y allanamiento.
Así mismo, se logró la captura de 829 personas en flagrancia por contrabando y delitos conexos, además del decomiso de 2.013 vehículos empleados para el transporte de las mercancías ilegales.
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También, según el reporte, se logró la desarticulación de 87 estructuras criminales, la captura de 828 personas por contrabando, lavado de activos y evasión fiscal, recuperándole al Estado $4.6 billones.
En su balance se destacan trece acciones de ocupación de 877 bienes con medida cautelar de extinción del derecho de dominio logrando una disrupción del delito, por más de $119 mil millones.