Aníbal Gaviria no renunciará a la Gobernación de Antioquia

Con la vinculación de dos importantes penalistas, el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, reforzó el equipo jurídico que buscará revocar la medida de aseguramiento domiciliara impuesta por la Fiscalía.

Los abogados, además, analizan el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró “impróspera” la solicitud de su defensa, que fue respaldada por la Procuraduría.

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Gaviria Correa descartó renunciar a su cargo, al considerar que tiene las suficientes pruebas para demostrar su inocencia y cuenta con el respaldo de diferentes sectores de Antioquia. Recordó que ni con el secuestro de su madre ni el asesinato de su hermano Guillermo en cautiverio, se rindió en su causa.

"No, no, por ningún motivo. Eso sería claudicar y no lo he hecho en mi vida, yo soy un hombre de retos y no de odios (...). Ahora con esta arbitrariedad, sufro yo y sufre mi familia, pero seguimos adelante y no nos rendimos y mucho menos con el respaldo mayoritario del pueblo antioqueño", señaló.

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— #AníbalGobernador (@anibalgaviria) July 17, 2020

Acudir a instancias internacionales es una de las posibilidades que contempla Aníbal Gaviria Correa para “defender” su inocencia y “buen nombre” y regresar al cargo como gobernador de Antioquia.

"Se han analizado posibilidades como una tutela a esta decisión, como acudir a instancias internacionales y, por supuesto, las alternativas mismas dentro del proceso. Siempre con la confianza de que al final, la verdad y la justicia tendrán que prevalecer", puntualizó. 

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Alfonso Cadavid Quintero, doctor en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y coordinador del área de Derecho Penal de la Universidad Eafit, y Camilo Sampedro Arrubla, abogado de la Universidad Externado y profesor de varias universidades, reforzarán el equipo de la defensa.

La Corte Suprema de Justicia consideró sin fundamento el control a la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía, el pasado 5 de junio, como presunto responsable de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Los hechos ocurrieron hace 15 años.