Reforma a la salud: Defensoría alerta al Congreso que no está clara la sostenibilidad fiscal del proyecto

La FM de RCN Radio conoció un documento que fue enviado por la Defensoría del Pueblo a la Comisión Séptima del Senado, en el que la entidad expresa algunos reparos sobre la reforma a la salud que está a punto de arrancar su discusión en tercer debate. 

En el pronunciamiento, que contiene 22 páginas, la Defensoría presentó las preocupaciones que tiene sobre el texto que está siendo discutido en el Congreso y que ya logró su aprobación en sus primeros dos debates en la Cámara de Representantes. 

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1. Aval fiscal: En primer término, la entidad se mostró preocupada por la sostenibilidad financiera del nuevo sistema de salud que se propone. “Sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma. Como se dijo, no están claros los mecanismos que garantizan la sostenibilidad fiscal de la reforma y, por consiguiente, del derecho a la salud”, señala el informe. 

Ante esta situación, la Defensoría propone que “en el proyecto de ley se prevea que el Departamento Nacional de Planeación deberá realizar un informe que cuente con: Un diagnóstico acerca del costo de la reforma propuesta y de la capacidad del Estado para asumirlo y con la identificación de los mecanismos, fuentes y esquemas de financiación para el funcionamiento del nuevo sistema”. 

Aunque el Ministerio de Hacienda expresó en un concepto que la reforma a la salud es compatible con el marco fiscal de mediano plazo, eso no es suficiente según la Defensoría del Pueblo. “La sostenibilidad del sistema de salud no depende únicamente de la existencia de recursos en términos generales (…) Los recursos del sistema deben ser oportunos, adecuados y suficientes”, dijo. 

2. Transición: La segunda preocupación importante que expresa este organismo, está relacionado con el periodo de transición que se plantea para la entrada en vigencia de la nueva ley y los problemas que eso podría generar. “Sobre el plan de transición. Existen dudas sobre si los dos años establecidos para la transición son suficientes para que el cambio se dé sin traumatismos”, indica. 

Debido a esto, la entidad propone formular un plan de transición y de evaluación que contenga los impactos de cada uno de los componentes de la reforma. “El plan de transición debe establecer los mecanismos para garantizar la eficacia de las reclamaciones, de las acciones de tutela y otros recursos para garantizar el derecho a la salud”, indica. 

3. Giro de recursos: Como tercera observación, la Defensoría del Pueblo alerta sobre el papel que jugará la Adres en el manejo de los recursos de la salud, debido a que hoy no cuenta con la infraestructura y operatividad suficiente para garantizar el giro de los recursos a las entidades de salud. 

“El presupuesto de salud en 2025 es de cerca de 100 billones de pesos y, en los escenarios de la reforma, la ADRES podría pasar a manejar más de 150 billones en 2034 (…) En materia operativa, la reforma puede terminar siendo nociva para la garantía del derecho”, sostiene el documento.

4. El papel de las EPS: Se advierte que aún no está muy bien definido el papel que jugarían de ahora en adelante las EPS, que se transformarían en Gestoras de Salud. “En el proyecto de ley no queda clara a quien se traslada la función de la gestión de los recursos para garantizar que cubran todas las necesidades en cada vigencia. Dicha función es propia de un modelo de aseguramiento”, indica. 

Advierte además que “en el nuevo modelo se puede generar un aumento del gasto, respecto del cual no queda claramente definido quién asumiría los riesgos que conlleva dicho aumento (CAPS, entidades territoriales, ADRES o Ministerio de Salud y Protección Social)”. 

5. Medicamentos: El acceso a los medicamentos es el quinto asunto que preocupa a la Defensoría, ya que en el proyecto se propone un mecanismo de gestión y uso racional de las medicinas, así como de las tecnologías para brindar los servicios. “Este mecanismo debe hacer seguimiento al asunto, reconociendo que, para abordar la compleja problemática del acceso a medicamentos y tecnologías médicas, es necesario alinear la oferta de medicamentos y el gasto con las necesidades, los resultados en salud y el cuidado del planeta”, sostiene. 

La Defensoría del Pueblo pide, palabras más, palabras menos, que no se destruya por completo el sistema de atención que se tiene actualmente y se mantengan aquellos aspectos que sí funcionan en pro del respeto, la protección y garantía efectiva de los derechos ciudadanos. 

“Por ejemplo, la protección financiera frente a las enfermedades de alto costo. Tales avances adquiridos deben ser conservados (…) es un deber constitucional conservar los avances en la protección de los derechos y no retroceder”, sentenció. 

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La entidad asegura que todos los días está creciendo el número de quejas y de tutelas que se presentan por la mala atención de los pacientes y la prestación del servicio, al tiempo que reveló que en lo corrido del 2025 ya se han presentado alrededor de 5.000 quejas y de seguir de esta manera, la tendencia sobrepasaría las 34.000 para final de año. 

La defensora Iris Marín advirtió en su concepto enviado al Senado que en caso de no aprobarse la reforma a la salud, “es urgente que se adopten las medidas adecuadas y necesarias orientadas a mejorar el sistema de salud existente”, principalmente en los temas relacionados con la financiación y sostenibilidad fiscal del sistema, del cual depende el goce del derecho de todos los colombianos.