Armando Benedetti no irá a la cárcel por el caso del Fonade
Hace varios meses la Fiscalía remitió al tribunal los procesos contra Benedetti.
La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de ordenar la captura del embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Armando Benedetti, por su presunta participación en el escándalo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
La Sala Especial de Instrucción además confirmó que ese tribunal tiene la potestad para seguir adelantando la investigación contra Benedetti por este caso, luego de una votación que quedó con cuatro votos a favor de mantener los casos y tres en contra.
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Con esta determinación, se confirma la información conocida por RCN Radio, a principios de marzo, en la que se anticipaba que el caso contra el ahora embajador por el escándalo del Fonade seguirá en la competencia de la Corte Suprema.
El tribunal explica que mantienen el conocimiento y avances de este caso debido a que los hechos que son investigados, aparentemente, se habrían registrado mientras Armando Benedetti era Senador de la República.
Otro caso que quedaría en competencia de la corte es el de la Fiduprevisora, en el que el exsenador es investigado por supuestamente solicitar dineros para que esa entidad desembolsara derechos pensionales de docentes del departamento de Córdoba.
A mediados de febrero, se conoció que el magistrado César Reyes ordenó que se hiciera la remisión a la Fiscalía del proceso contra Benedetti, por presunto enriquecimiento ilícito.
Hace varios meses la Fiscalía remitió al tribunal los procesos contra Benedetti, pues al haber renunciado a la embajada de Colombia en Venezuela, los cuatro procesos regresaron a la Sala Especial de Instrucción, donde el investigado rindió indagatorias en dos ocasiones.
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Aparte del Fonade y Fiduprevisora, los otros procesos que avanzan en la corte y que están pendientes de definir la competencia son por delitos contra mecanismos de participación democrática sobre posibles actividades ilícitas y por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.