Arresto de entre tres y 12 meses para vándalos, la propuesta desde el Congreso

El paro de transportadores informales en Bogotá, que tiene afectada la movilidad no solo de la capital de la República sino de los municipios aledaños, ya comenzó a tener ecos en el Congreso de la República debido a los hechos de violencia que se han presentado.

Las autoridades han reportado bloqueo de vías, daños en buses, vehículos y disturbios entre la Policía y los manifestantes.

Ante esta situación, fue presentado un proyecto de ley con el cual se pretende no solo multar (como lo estipula la legislación actual), sino sancionar con arresto a los vándalos y a quienes incitan a la violencia durante las movilizaciones.

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El senador Roy Barreras dijo que “con este proyecto que he presentado tendrán arresto inconmutable entre tres y 12 meses todo aquel que incite a la violencia. El derecho a la protestas es sagrado, pero el derecho a la protesta pacífica, pero no a la incitación a la violencia”.

El congresista también radicó otro proyecto de ley con el cual se pretende dar solución al problema que muchos transportadores informales tienen con sus licencias de conducción y las multas que deben enfrentar.

“He presentado también una solución que consiste en que quien pague la multa incrementada en un 50% por la reincidencia, podrá recuperar su licencia y por lo tanto podrá recuperar su trabajo como transportador”, manifestó.

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Este proyecto contiene los siguientes puntos:

1. La pena de arresto para los tipos penales tendrá una duración máxima de cinco años.
2. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en el presente código.
3. No habrá lugar a medida de aseguramiento de detención preventiva cuando esta sea la pena prevista para el tipo penal.
4. La ejecución de esta pena se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Código penitenciario.

La oposición, a través del senador Alexander López, también había anunciado la radicación de otro proyecto con el cual se pretende legalizar el transporte informal en Colombia, teniendo en cuenta que moviliza a alrededor de 12 millones de personas en todo el país.