Avanza reforma que garantiza el derecho a la alimentación en Colombia

La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate un acto legislativo con el cual se pretende crear en Colombia el derecho fundamental a “no tener hambre”.

La iniciativa recibió el respaldo mayoritario de los congresistas, pese a que algunos legisladores mostraron preocupación sobre el concepto de soberanía alimentaria, contenido en la propuesta.

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La senadora Maritza Martínez, autora del proyecto, indicó que lo más importante es garantizar que los ciudadanos puedan acceder mínimo a las tres comidas diarias.

“El núcleo duro de este proyecto es defender a los niños, a los ancianos, a las mujeres y hombres que aguantan hambre física en este momento, en un país que estaba acostumbrado a tener garantizadas sus tres comidas y que hoy no las tiene”, sostuvo. 

El senador Roosevelt Rodríguez, ponente de la propuesta, presentó una preocupante radiografía en Colombia sobre la falta de acceso a los alimentos.

“Para enero del 2021, indica el DANE, el promedio el 69,7% de los hogares comparando su situación económica actual con la de hace un año, en este momento califica que tiene una menor posibilidad de comprar alimentos (…) En lo que respecta a los menores de 5 a 12 años, se tiene que 7 de cada 100 menores en edad escolar presentan desnutrición crónica, situación que es más grave para los menores indígenas, donde 30 de cada 100 menores presentan este problema”, sostuvo.

La senadora Paloma Valencia aseguró que el proyecto podría generar una prohibición de las exportaciones, bajo el concepto de soberanía alimentaria.

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“Lo que nos están proponiendo es que cerremos las fronteras para que entonces pueda haber una mejora de la agricultura, pero con base en la eliminación del comercio internacional. Hay una diferencia entre el concepto de seguridad alimentaria, que es buscar la adecuada nutrición y el acceso a los alimentos, pero otra cosa es el concepto de soberanía alimentaria”, consideró.

En caso de que esta iniciativa salga adelante, el Estado colombiano estaría obligado a garantizar que los colombianos tengan libre acceso a los alimentos en Colombia.