Carlos Antonio Lozada dice que llamado de la JEP parece una cacería de brujas

En ese informe, los comparecientes deben reiterar su compromiso con el proceso de paz, describir detalladamente las actividades que han desarrollado en el marco de su reintegración a la vida civil y relatar si han realizado labores humanitarias relativas a la ubicación de restos. El auto de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad reitera que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la JEP, está regido por principios como el reconocimiento de verdad plena sobre lo ocurrido en el conflicto armado, el reconocimiento de responsabilidad y la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Entre las considerandos para notificar a los 31 comparecientes, el auto señala que el pasado 6 de septiembre la Misión de Verificación del Proceso de Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) informó que “seis dirigentes de cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ((ETCR) y de un Nuevo Punto de Reagrupamiento (NPR), en el Suroriente del país tomaron la decisión de dejar estos Espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí”.

De otra parte, la presidente de la JEP, magistrada Patricia Linares, señaló que, respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por los comparecientes que hicieron parte de las Farc, la verificación de los mismos le corresponde a varias entidades del Estado. “A la JEP, que es un órgano judicial, le corresponden los asuntos propios de sede judicial, centrados en torno a los compromisos con la verdad plena, la no repetición y la reparación de integral de las víctimas”, dijo.

La magistrada Linares señaló que cualquier noticia sobre posibles delitos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 por parte de personas desmovilizadas de las Farc que se hayan acogido a la JEP es competencia de la Fiscalía General de la Nación, incluyendo la recepción de denuncias y la investigación de oficio.

El auto recuerda que los temas de policía y orden público son competencia del Ejecutivo, quien es el encargado de garantizar la vigencia del Estado Social de Derecho en todo el territorio nacional. Asimismo, dijo que la verificación de las condiciones de reintegración también es una responsabilidad compartida entre varias entidades, además de la JEP.

Señaló que para la verificación integral del cumplimiento del Acuerdo Final existen órganos como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) y el Consejo Nacional de Reincorporación y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Finalmente, afirmó que la Misión de Verificación de Naciones Unidas también cumple labores importantes de mediación y verificación, que son claves en un post-conflicto.

Los 31 comparecientes que deberán enviar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad son:

1. Rodrigo Londoño Echeverri
2. Pastor Lisandro Alape Lascarro
3. Pablo Catatumbo Torres Victoria
4. Julián Gallo Cubillos
5. Luis Alberto Albán Urbano
6. Iván Luciano Márquez
7. Seuxis Paucias Hernández Solarte
8. Rodrigo Granda Escobar
9. Orlay Jurado Palomino
10. Abelardo Caicedo Colorado
11. Jesús Mario Arenas Rojas
12. Jaime Alberto Parra Rodríguez
13. Milton de Jesús Toncel Redondo
14. Rodolfo Restrepo Ruiz
15. Juan Emilio Cabrera Díaz
16. Henry Castellanos Garzón
17. Edgar López Gómez
18. Juan Carlos Ramírez
19. Jaime Bustos Aldana
20. Jairo González Mora
21. Jesús Emilio Carvajalino Carvajalino
22. José Benito Cabrera
23. Guillermo Enrique Torres Cuelter (o Cuéllar)
24. José Aldinever Sierra Sabogal
25. Erasmo Traslaviña Benavides
26. Floresmiro Burbano
27. Hernán Darío Velásquez Saldarriaga
28. Luis Óscar Úsuga Restrepo
29. Martín Cruz Vega
30. José Vicente Lesmes
31. Luis Ernesto Medina Ávila