Conmoción interior: qué es y por qué Rodolfo Hernández propone decretarla

El estado de Conmoción Interior, contemplado en el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia, es un estado de emergencia que puede ser decretado hasta por 90 días cuando existe una perturbación del orden público, que pone en riesgo la institucionalidad, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana.

Esta figura le de facultades especiales al Presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley que se pueden prorrogar máximo por dos periodos de 90 días, además de permitir “suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción”.

Aunque los decretos que sean expedidos no requieren la aprobación del Congreso, estos solo tendrán vigencia durante el tiempo del estado de Conmoción Interior y deben ser revisados por la Corte Constitucional. A su vez, es el alto tribunal quien puede tumbarlos si no se ajustan a lo que dice la Constitución. 

Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 214 de la carta política, se aclara que  "no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario".

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Rodolfo Hernández propone decretar estado de Conmoción Interior si es presidente  

En caso de ser elegido el próximo 19 de junio como presidente, Hernández tiene preparados varios decretos y entre los primeros aparece declarar el estado de Conmoción Interior durante noventa días en todo el territorio nacional con el objetivo de "conjurar las causas que atentan gravemente contra la estabilidad institucional y hacen peligrar la convivencia ciudadana originadas en la endemia en que se ha convertido la corrupción como un mal que socava los cimientos de la nacionalidad”, según dice el borrador que tiene el candidato por implementar desde el 7 de agosto de este año.

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La razón del candidato para llegar a este punto, ha sido el discurso que lo ha catapultado en las últimas semanas y que lo dejó como candidato para la segunda vuelta: acabar con la corrupción. 

De acuerdo con la propuesta de Hernández, el desvío de recursos públicos en la contratación le cuesta al estado 50 billones de pesos al año. Sin embargo, esta cifra no ha sido comprobada. 

Ante el borrador, hay quienes aseguran que el candidato, en caso de ser elegido, no contaría con la aprobación de la conmoción interior por parte de la Corte Constitucional, pues su argumento no radica en un estado de emergencia, que es el motivo por el cual esta figura puede adoptarse. No obstante, Hernández ha asegurado que se mantiene firme en esta alternativa.