Consejo de Estado revisará tutela de Petro contra investigación electoral
El presidente de Colombia aseguró que la Sala de Consulta vulneró sus derechos fundamentales.
El Consejo de Estado admitió la tutela del presidente Gustavo Petro para que su investigación por supuestas violaciones a los topes electorales sea trasladada a la Comisión de Acusación de la Cámara.
Con este recurso, se busca impugnar la decisión de la Sala de Consulta Civil del mismo tribunal, que determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debía hacerse cargo del caso.
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El presidente Petro sostiene que la resolución de la Sala de Consulta vulneró sus derechos fundamentales, como el debido proceso y el derecho a un juez natural, por lo que podría afectar la estabilidad institucional del país y la figura del Presidente de la República como máxima autoridad administrativa.
"Se ordenó al CNE seguir adelante con la investigación aduciendo falta de fuero, lo que considero un abuso de funciones", afirmó Petro en su tutela.
#Atención El Consejo de Estado admite la tutela de Gustavo Petro para que su investigación electoral sea trasladada a la Comisión de Acusación de la Cámara. pic.twitter.com/DylPHvPi5L
— RCN Radio (@rcnradio) September 27, 2024
El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera fue el encargado de admitir el recurso y ha señalado que se vincularán al proceso el CNE y la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Así mismo, se incluirán a quienes presentaron denuncias contra el presidente, entre ellos, figuras políticas como Federico Gutiérrez y Miguel Uribe.
Este conflicto surgió después de que la Sala de Consulta emitiera un fallo el 6 de agosto, donde reafirmó que el CNE es la entidad competente para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de la Coalición Pacto Histórico.
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El fallo dejó abierta la posibilidad de que el Congreso decidiera sobre sanciones políticas, en caso de que se evidencien irregularidades graves.
La situación plantea un nuevo capítulo en la relación entre el presidente y las entidades de control electoral, y su desenlace podría tener implicaciones significativas para la administración actual.