¿Cuánto le costará al país aplicar fallo que revivió las curules de paz?

Al resolver un tutela presentada por integrantes de la oposición, a Corte Constitucional decidió darle vida nuevamente a las circunscripciones especiales de paz para las víctimas establecidas en el acuerdo logrado con las Farc, que se habían hundido en el Congreso de la República.

En su momento, el uribismo cuestionó el fallo de ese tribunal tras advertir que la implementación de las mismas le generará mayores gastos al Estado, ya que serán 16 las curules adicionales que tendrá la Cámara de Representantes.

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Y al parecer tenían razón, ya que según se pudo establecer por fuentes del Congreso de la República, la aplicación del fallo de la Corte le costará al Estado colombiano alrededor de 50.000 millones de pesos.

Ampliar el número de escaños en el salón Elíptico y también en las Comisiones Constitucionales de la Cámara, implica una reforma estructural de los recintos de las sesiones, la adecuación o el arriendo de más oficinas, además del pago de los nuevos congresistas y sus unidades de trabajo legislativo.

Para ello, se supo que el Ministerio de Hacienda ya apropió los recursos y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ya viabilizó el proyecto a través del cual no solo se harán las reformas que se necesitan, sino que se modernizará el sistema de cómputo que hoy tienen los legisladores y que en la actualidad funciona con Windows 97, que prácticamente es obsoleto.

Este proyecto se desarrollará bajo un proceso de selección competitivo, es decir, una puja con entidades públicas solamente. Para ello, la Cámara de Representantes ya solicitó la vigilancia de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, para evitar que se presente cualquier tipo de anomalía.

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Aún no se conoce cuál será el costo de la elección de los 16 nuevos parlamentarios que representarán a las zonas de conflicto, pero eso será otro asunto de competencia del Gobierno y de la Registraduría que es la que debe organizar los comicios en esos territorios.

El Congreso tendrá plazo hasta el año entrante para tener listo todo lo que se necesita, para recibir a los representantes de las organizaciones de víctimas.