“El fenómeno de las masacres se presenta desde hace varios años": ministro de Defensa

La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realizó un debate de control político a los ministerios del Interior y Defensa, para evaluar la situación de violencia en el suroccidente del país.

En el encuentro hizo presencia uno de los citados, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Elías Lara Hondo, gobernador del Cauca; Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección, y Carlos Baena, en representación del Ministerio del Interior, también asistieron.

La encargada de iniciar la jornada fue la proponente del debate, la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, quien destacó el trabajo realizado por el Ministerio de Defensa frente a estos hechos.

Además, dijo que es necesario mantener la lucha contra el narcotráfico en departamentos como el Cauca y Nariño donde, aseguró, los grupos armados organizados están ejerciendo violencia y presión sobre la población civil.

En relación a la seguridad de los líderes, la legisladora señaló que no se puede pretender que la seguridad sea personalizada, sino que debe brindarse a todos los colombianos por igual y destacó que, en ese sentido, se deben direccionar los esfuerzos del Gobierno.

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Entre los invitados al debate, hicieron presencia familiares de las víctimas de las masacres más recientes, entre ellos, Jesús Edgardo Quintero, padre de uno de los jóvenes asesinados en Samaniego, Nariño, y quien aseguró que responsabiliza al Estado por lo sucedido en esa localidad.

De igual modo, aseguró que no es posible que sus hijos sean revictimizados, al ser señalados de narcotraficantes o de tener relaciones con grupos armados organizados.  

“Con el fin de que esto no se repita, además de todo lo propio que debe hacer el Estado para protegernos, también hay que hacer inversión social en salud y en formación social. No es solo ir y arrancar matas; se necesita una inversión social para que la juventud salga adelante”, manifestó Quintero.

Por su parte, Erlendy Cuero, familiar de una de las victimas de Llano Verde en Cali, sostuvo que están en problemas con la violencia desde hace varios años y que ese sector requiere una inversión real en el sector social.

“Nosotros somos víctimas del conflicto armado y ya hemos sufrido el rigor de la violencia. Pedimos verdad, pedimos justicia y pedimos una reparación integral”, afirmó.

De igual manera, la mujer pidió que no se estigmatice a los niños y que se proteja a los padres de familia de las víctimas, ya que ellos también están en peligro.

Por su parte, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, expresó que frente a las masacres se ha fortalecido una unidad para desmantelar organizaciones criminales en el país.

“Los hechos que se han presentado en las últimas semanas es necesario decir que en esos casos estamos adelantando investigaciones claras y específicas y hemos actuado de manera eficaz, y estamos comprometidos con que pronto tendremos esclarecimiento en estos hechos y que esté atado a actores intelectuales y determinadores”, señaló.

En relación a masacres previas que se presentaron durante el 2020, el fiscal Barbosa destacó que el trabajo de esa institución ha sido rápido y efectivo. “Se viene entrando en un proceso de intervención dando a entender que nuestra labor es de esclarecimiento en lo que ocurra con hechos violentos en el país y la Fiscalía ha cumplido una gestión rápida. Y estamos detrás de los determinadores de estos hechos”, sostuvo Barbosa.

Durante su intervención, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, preguntó al fiscal Barbosa sobre la unidad que se ha fortalecido, para saber si tiene alguna fecha en la que se dé a conocer detalles de las estructuras que están detrás de este tipo de hechos, que incluyen masacres y asesinatos de líderes sociales y defensores de DD.HH.

El viceministro del Interior, Carlos Baena, habló en nombre de la ministra Alicia Arango y destacó que, teniendo en cuenta la situación de departamentos como Cauca Nariño y Valle del Cauca, hay que hacer un trabajo de referencia geográfica de los municipios donde se han presentado estos casos, por que allí se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Defensa y la fuerza pública.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez, aseguró que se han invertido en Cauca 5.270 millones, en Nariño más de 4.000 millones y en Valle del cauca 3.800 millones de pesos.

Entre tanto, el procurador delegado, Carlos Medina, aseguró que el músculo del Estado debe orientarse contra los criminales y hacer un trabajo directo contra el narcotráfico y, al mismo tiempo, motivar la inversión social y los programas como la restitución de cultivos.

Mientras que para la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldan, es fundamental tener debates como este y se hace necesario unir esfuerzos en la lucha contra los hechos delincuenciales que ocurren en esa región del país.

De igual modo, la mandataria denunció que en algunos puntos de ese departamento, están enviando a los menores a cultivar coca, por lo que aseguró se hace muy necesario

De igual modo, Elías Larrahondo, gobernador del Cauca, afirmó que el problema de su departamento es histórico. De igual modo, aseguró que en esa región del país hay presencia de grupos residuales de las extintas Farc y de los miembros del ELN; de igual forma, dijo que hay nuevas organizaciones criminales, por lo que se dan enfrentamientos permanentes entre esas mismas organizaciones, por el control de la producción de coca.

“Es necesario fortalecer la estrategia militar pero de la mano con la inversión social y el trabajo para recuperar el control de la zona de cordilleras de este departamento”, dijo el Gobernador.

En el encuentro también participó un vocero de la Defensoría del Pueblo, quien aseguró que se está pasando por un momento crítico y sectorizado, al tiempo que sostuvo que al menos 42 alertas de las 132 que se han emitido, pertenecen a esa región del país. Lo que muestra un espectro del complejo panorama de orden público que se vive en el suroccidente colombiano.

Según el vocero de la Defensoría del Pueblo, la máxima preocupación es la focalización de la violencia en lugares como Tumaco y Barbacoa, así como algunas comunidades indígenas que habitan en la región como el caso de los awa y las comunidades del norte del Cauca.

Por su parte, el Ministro de Defensa señaló que es importante destacar el trabajo que se viene realizando contra los grupos armados organizados, encargados del comercio de la droga en el suroccidente colombiano.

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“Hay que combatir toda la cadena criminal del narcotráfico, que no es solo cultivo y venta, sino que también incluye una política completa de varia herramientas a las que acudió el Gobierno y que buscan avanzar en la disminución de cultivos ilícitos”, indicó el Ministro de Defensa.

Para desactivar esa fuente de violencia, “es necesario bajar las hectáreas de cultivos, está probado que la aspersión aérea, es eficaz, es eficiente y que es más segura porque no hay riesgo para los miembros de la fuerza pública y permite una focalización por los polígonos definidos”, dijo el ministro Trujillo.

“Si bien es verdad que ya esto estaba definido como una prioridad, es cierto que esto se incrementa con hechos como los más recientes y eso, porque las manos del narcotráfico parecen estar involucrada detrás de etas masacres”, indicó, al tiempo que recordó que es en el narcotráfico que se sustenta la economía de estas agrupaciones criminales.

“El fenómeno de las masacres se presenta desde hace varios años y no es exclusivo del presidente Duque sino que viene desde hace varios años, lo que no puede ser entendido como una aseveración destinada a esquivar las responsabilidades, pero sí es una realidad”, destacó.

En relación a las medidas que se han tomado hasta ahora frente a estas masacres, el ministro destacó la conformación de un grupo especial destinado a adelantar las investigaciones necesarias para dar con los responsables de estos hechos y habló particularmente de las medidas especiales que se han ofrecido para cada caso, como la recompensa ofrecida en Cali o la Mesa de trabajo que aseguró que realizaría en Samaniego.