Elección de Luz Adriana Camargo como fiscal General: Procuraduría pide descartar medidas cautelares

El Consejo de Estado continúa con el estudio de varias demandas contra la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general, en las que alegan que el proceso estuvo viciado debido a que la terna no cumplió con los requisitos para el proceso de votación. 

Uno de los argumentos de la demanda explica que la elección de Camargo es ilegal, debido a que se realizó un cambio arbitrario de la terna, cuando el presidente Gustavo Petro decidió sacar a Amparo Cerón para reemplazarla con Luz Adriana Camargo, por lo que consideran que esa modificación fue arbitraria y sin justificación. 

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“Existió un cambio arbitrario y sin justificación alguna de la terna, lo que a su vez vulneró el derecho a la igualdad y al debido proceso de la ternada que fue excluida el 23 de septiembre de 2023”, dice el accionante. 

En este proceso, los demandantes solicitaron medidas cautelares mientras avanza el estudio de fondo de la demanda, debido a que la terna solo estuvo conformada por mujeres, lo que violaría el derecho para la participación de hombres. Sin embargo, la Procuraduría resalta que una terna de solo mujeres se ajusta a las leyes. 

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“A los ojos del Ministerio Público, la conformación de una terna exclusivamente femenina se ajusta a las medidas afirmativas que la propia normatividad que se estima conculcada por los accionantes busca impulsar”, dice el organismo. 

Además, la Procuraduría menciona que no hay elementos probatorios que permitan estimar que la elección de Camargo fue irregular por la aparente desintegración de la terna, pues solo existen dos fotos que fueron aportadas por el demandante para sustentar su solicitud. 

“No se cuenta con elementos probatorios contundentes, más allá de dos fotografías aportadas por los demandantes que presuntamente reproducen dicha renuncia, que demuestren que la Corte hubiere conocido de tal dimisión antes de elegir a LUZ ADRIANA CAMARGO GARZÓN como Fiscal General”, concluyó la Procuraduría. 

El Consejo de Estado deberá estudiar el pronunciamiento de la Procuraduría y determinar si es procedente una medida cautelar contra esta elección.