Emergencia en La Guajira: Procuradora se declara impedida para la revisión constitucional

La procuradora general, Margarita Cabello, se declaró impedida para participar en el proceso de revisión que adelanta la Corte Constitucional, al decreto emitido por la Presidencia para declarar la emergencia económica y social en el departamento de La Guajira. 

Cabello entregó un oficio al tribunal en el que aseguró que podría incurrir en ‘interés en la decisión’, que es una de las razones por las que debería declararse impedida de entregar un concepto respecto a este proceso. 

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La procuradora explicó su razón pues en su calidad de magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, suscribió en julio de 2016 la decisión de segunda instancia de la tutela que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira. 

Recordó que en 2021 la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional aceptó el impedimento presentado en esa ocasión por la Procuradora para participar en el seguimiento a ese fallo de tutela. 

"La doctora Margarita Cabello ejerció un papel activo y tuvo un grado de participación significativo en el proceso, pues fungió como magistrada ponente de la decisión que se profirió en segunda instancia y que posteriormente dio lugar a la sentencia T 302 de 2017”, señala uno de los apartes del auto del 2021.

Por esas razones, la Procuradora General solicitó a la Corte Constitucional estudiar si procede el impedimento planteado y en caso de aceptarlo, que se ponga el asunto en conocimiento del viceprocurador general de la Nación, Silvano Gómez. 

Cabe resaltar que este proceso sería tenido en cuenta en el proceso que avanza en la Corte Constitucional y en el que ya citaron a una audiencia pública para que el próximo 11 de agosto, los intervinientes e interesados expongan las razones para mantener firme el decreto. 

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A esta diligencia está citado el propio presidente Gustavo Petro, representantes de los entes territoriales del departamento, integrantes de la comunidad wayúu y otras entidades, que deberán dar a conocer a la corte las razones para que la declaratoria de emergencia se mantenga.