Exfuncionarios públicos piden a Petro respeto por la Constitución

El exministro explicó que la carta dirigida al presidente tiene como objetivo pedir compostura, respeto y compromiso con las instituciones del país. 

"Es una carta dirigida al presidente donde pedimos compostura, respeto, compromiso con las instituciones", afirmó Botero. 

Sin embargo, destacó que hacer pública esta solicitud busca generar un impacto político. "Si la sociedad civil se manifiesta, es para que los partidos políticos se dejen ver y congreguen a esta sociedad agobiada por la incertidumbre, la inseguridad, el desempleo y las amenazas a las instituciones". 

Botero también criticó la actitud del presidente hacia las instituciones y la ciudadanía. "El presidente sostiene la teoría de que el pueblo de los ciudadanos no tiene el valor que tiene el pueblo de los elegidos por él, el pueblo congregado en las calles. El irrespeto hacia el Congreso es absoluto", afirmó. 

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Además, advirtió sobre las intenciones del gobierno de influir en las universidades públicas. "Está en proceso de las tomas a las universidades públicas para construir un núcleo importante de las movilizaciones que se pretenden realizar". 

¿Qué dice la carta? 

El documento fue firmado por el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, la exsenadora Ingrid Betancourt, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo y el empresario Mario Hernández, entre otros. Estos personajes hicieron un llamado a la unidad y al respeto mutuo. 

“Este manifiesto es un llamado colectivo dirigido al presidente Gustavo Petro, su gobierno y su coalición, solicitando el respeto a la Constitución, las leyes y la separación de poderes. Como parte integral del pueblo colombiano, los firmantes solicitan que todos los ciudadanos sean tratados de manera respetuosa, independientemente de las posturas que tengan frente al Gobierno”, se lee en uno de los apartes del documento. 

En ese sentido, sugirieron al jefe de Estado abstenerse de usar un lenguaje polarizante en sus redes sociales e intervenciones públicas, tanto sobre instituciones del Estado como sobre sectores de la sociedad civil. 

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“La obligación del presidente de la República de unir a la Nación alrededor de propósitos superiores le exige abstenerse de una retórica que divida y enfrente a la población. Es deber de todos los funcionarios usar un lenguaje ponderado y respetuoso, en especial cuando se refieren a otras instituciones, a los integrantes de órganos judiciales o de control, o a quienes ejercen el derecho a disentir”, agrega el manifiesto. 

El texto también reclama el respeto pleno a la autonomía de la rama judicial, argumentando que “son los jueces quienes resuelven las diferencias que se presentan entre la sociedad y son el último bastión de defensa de la Constitución y de las instituciones democráticas del país”.