Gobierno cambia nuevamente la fecha de inicio del incremento en el costo de los peajes

Gobierno expidió un nuevo proyecto de resolución en el que cambia de nuevo las fechas a partir de la cual comenzará a regir el aumento en el costo de los peajes, ya no será desde el 31 de diciembre del 2024, sino desde el 01 de enero de 2025. 

El proyecto de resolución señala que el primero de los incrementos ya no será del 4,64% sino del 2,7% en enero del 2025 y en abril implementarán el porcentaje restante del 4,64%. Según la entidad, el ajuste se basa en el IPC del 2023.

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El aumento será progresivo, con una segunda fase de ajuste que se implementará a partir del 1 de abril de 2025, para completar el 9.28% de aumento que se había suspendido temporalmente debido a las medidas antiinflacionarias del gobierno.

El Gobierno había implementado, a través del Decreto 050 de 2023, una suspensión de los aumentos en las tarifas de peaje para evitar presionar aún más los costos de transporte en el contexto inflacionario del año 2023, que presentó una variación del IPC de 13.12%.

Sin embargo, con la estabilización de la inflación en 2024 y la necesidad de ajustar las tarifas a los contratos de concesión, se ha decidido aplicar el ajuste restante de forma gradual.

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El incremento inicial del 60% corresponde a la mitad del ajuste pendiente del IPC de 2023 y permitirá cumplir con los compromisos contractuales establecidos con las concesionarias de la infraestructura vial.

Este ajuste es vital para asegurar la continuidad y el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial en el país.

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Es importante señalar que los peajes a cargo del INVÍAS y la ANI serán ajustados anualmente en base al IPC decretado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), con un primer ajuste previsto para el 16 de enero de cada año. Las medidas también buscan equilibrar el impacto sobre los usuarios, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y financiera de los contratos de concesión.

Finalmente, indicaron que la gradualidad del aumento y la forma en que se distribuirá entre 2025 responde a la necesidad de evitar un impacto abrupto en los costos de transporte, lo que podría afectar tanto a los usuarios como a los contratos de concesión.