"No puede ser que el fiscal denuncie que tratan de matarlo y el Gobierno guarde silencio"

La Fiscalía General de la Nación reveló, el martes en la tarde, que el ELN estaría planeando un atentado contra el fiscal Francisco Barbosa.

Según el ente acusador, cinco altos mandos del grupo guerrillero se reunieron en Venezuela, en julio, para planear un ataque con francotiradores bajo la coordinación de alias El Rolo.

En su sección La Lupa, de La FM de RCN Radio, Juan Lozano hace un llamado de atención al Gobierno a propósito de la denuncia del fiscal Barbosa:

"Inaceptable el silencio del Gobierno. No puede ser que el fiscal denuncie que están tratando de matarlo y el Gobierno guarde silencio porque, más allá de la simpatía o la no simpatía que pueda existir entre el fiscal y otras personas del Gobierno, es la cabeza del ente investigador, es un altísimo funcionario del Estado colombiano, es una persona que ha estado cumpliendo con unas tareas supremamente importante y que tiene una trascendentales y resulta inaceptable que se guarde silencio.

"Obviamente, nadie pide declaraciones calenturientas, pero por lo menos una voz de solidaridad, por lo menos una voz de rechazo, por lo menos una voz preguntando qué está pasando con el ELN, que viene a sentarse en una mesa mientras, según se deriva de estas informaciones, según lo dice la propia Fiscalía, en Venezuela están sosteniendo esas reuniones.

"Inaceptable, también, que Venezuela siga siendo un territorio desde el cual se atenta contra la vida y contra la integridad de los colombianos. Esa historia ya la conocemos, ya sabemos que el régimen de Venezuela ha sido proclive a abrazar, a acoger cabecillas terroristas. Pero no resulta, de ninguna manera comprensible, que estas, que son actividades criminales, actividades delincuenciales, actividades terroristas, tengan abrigo sin que las autoridades venezolanas se inmuten.

"Absolutamente inaceptable que no se haga ni se diga nada frente al movimiento de recursos. Algo parecido había ocurrido en el antecedente del atentado contra la Escuela General Santander, se habían movido esos flujos de fondo y aquí se ha advertido que una cifra que no es menor, 3.000 millones de pesos es lo que está mencionando la Fiscalía, se convierte en bolsas o recursos que facilitan la comisión de cualquier atentado contra los colombianos, o en este caso de lo que sería equivalente a un magnicidio.

"Con todo respeto y consideración institucional, el gobierno del presidente Petro se tiene que pronunciar rápido y tiene que salirle al quite y tiene que rechazar lo que está ocurriendo y tiene que pedir cuentas en Venezuela porque, de lo contrario, parecería ese silencio como un silencio cómplice o un favorecimiento de actividades que atentan contra la República de Colombia".