Gobierno reitera que no habrá expropiaciones exprés con la jurisdicción agraria

La viceministra de Promoción del Ministerio de Justicia, Helen Ortiz Carvajal, se pronunció tras la probación, en primer debate, de la ley de jurisdicción agraria, destacando los aspectos clave de la iniciativa y aclaró algunos de los malentendidos generados en torno al proyecto.

"Decirles y ratificarles lo que digo hoy la oposición y el Congreso en pleno, que hoy no estamos construyendo ni una sede administrativa ni ninguna causal para radicar una expropiación exprés, todo lo contrario, se están estableciendo los mecanismos judiciales y administrativos para que se pueda adelantarse una expropiación conforme a la normatividad que hoy está vigente y que no cambia en absoluto con este proyecto de ley ordinaria", afirmó la Viceministra.

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Ortiz Carvajal también expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados en torno a la ley, subrayando la importancia del consenso en la política.

"Nosotros vemos con beneplácito todos los consensos que se llegaron, vimos como a partir de las diferencias podemos realizar un acuerdo nacional", comentó.

La viceministra enfatizó en el objetivo central del proyecto, el cual está encaminado en garantizar el acceso a la justicia para las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, permitiendo que sus derechos sean protegidos de forma efectiva.

"Lo que es fundamental para el Estado es llevar una justicia a las comunidades rurales, a los indígenas, a los afrodescendientes, teniendo en cuenta sus necesidades para poder garantizar sus derechos y que puedan resolver de manera pacífica los conflictos, y no como históricamente se ha venido realizando a través de hechos violentos", concluyó Ortiz Carvajal.

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Además, la ley de jurisdicción agraria busca establecer un marco legal para resolver disputas en el ámbito rural y fortalecer los mecanismos judiciales en el sector.

Cabe destacar que el Gobierno evaluará si el proyecto de jurisdicción agraria será o no incluido en las sesiones extraordinarias, que se convocarán entre el 17 y el 20 de diciembre, para que pueda ser votado en sus últimos dos debates en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.