Impunidad en robo de celulares llegaría a su fin

LA FM conoció que el Gobierno Nacional prepara un paquete legislativo para dar cumplimiento a la nueva política de seguridad que ya puso en marcha el presidente de la República, Iván Duque.

Una de esas medidas está relacionada con la construcción de una iniciativa legislativa encaminada a combatir severamente el hurto simple.

Dentro de esa categoría, habrá un componente especial para evitar mayores índices de impunidad en el robo de celulares, de bicicletas u otros elementos de menor cuantía.

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“Con relación al hurto de celulares se buscará desincentivar la demanda al tiempo que reducir la oferta. Para eso se perseguirá por igual a quien compre celulares hurtados como a quien los hurta”, señala la nueva política de seguridad.

“Se desarrollará una campaña para que socialmente reciban el mismo reproche y judicialmente se concentrarán esfuerzos para sancionar a quienes los compran y los venden”, añade este documento.

Fuentes el Gobierno Nacional informaron a LA FM que se impulsará un proyecto de ley en el Congreso que tendrá como propósito principal imponer sanciones efectivas a esta práctica.

Actualmente, un hurto simple tiene cárcel cuando se trata de pérdidas de alrededor de ocho millones de pesos; pero cómo la mayoría de teléfonos móviles y bicicletas no tienen ese valor, los delincuentes que son capturados siempre quedan en libertad.

Ante esto, la idea que tiene el Ministerio del Interior es diseñar una reforma al Código Penal que baje ese monto a aproximadamente dos millones de pesos, para que los ladrones de celulares y otro tipo de elementos puedan pagar una pena efectiva.

Fuentes indican que este proyecto tendría varios postulados:

- Quien hurte un celular o bicicleta, cuyo monto ascienda a dos millones o más, podría ser condenado a devolver el elemento o a pagar el valor el mismo.

- Que los jueces tengan la posibilidad de sancionar a los ladrones con penas de 60, 90 o 120 horas de trabajo social.

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- Los reincidentes de este tipo de prácticas sí tendrían que pagar sus delitos en cárceles propiamente dichas.

¿Que dicen los analistas?

Algunos analistas en temas de seguridad coinciden en que esta podría ser una medida que de resultados a corto plazo, pero aseguran que muy seguramente no ayudará a disminuir los índices de impunidad y tampoco evitara que se siga cometiendo el delito.

Carlos Arias afirma que “los delitos puede que se sigan cometiendo, lo que va a suceder es que las autoridades van a tener más herramientas para generar algún tipo de prevención alrededor del hecho, en la medida en que una vez sea capturado el delincuente y sea comprobado, el mismo ya no va a quedar libre, pero eso no va a evitar que se siga cometiendo el delito”.

Por su parte, John Marulanda, también experto en seguridad ciudadana, afirmó que el problema que existe en Colombia es la falta de severidad a la hora de aplicar las sanciones, teniendo en cuenta que detrás de estos hurtos simples se encuentran verdaderas empresas criminales.

“El Gobierno quiere lanzar una alivio a la ciudadanía que está bastante agobiada por esto, pero en realidad eso no va a mermar la posibilidad de que los incidentes sucedan", sostuvo.

Afirmó además que "los que están en esos robos de celulares son miembros de bandas que ya han venido cometiendo ese delito y ponerles una mayor penalidad como elemento disuasivo, puede que actúe o puede que no porque no solo la pena que decrete la ley es la que disuade, en realidad es la aplicación de esa pena con la severidad del caso y eso es lo que no sucede en Colombia”. 

Congreso 

En el Congreso de la República ven con buenos ojos esta propuesta liderada por el Gobierno Nacional, la cual está encaminada a combatir la impunidad que se presenta con los casos de hurto simple, como el robo de celulares, bicicletas u objetos de menos cuantía.

El representante uribista Edward Rodríguez, promotor de una iniciativa denominada ‘el que la hace la paga’, que castiga a quienes reincidan en este tipo conductas, afirmó respaldará al Gobierno en esta reforma.

“Hemos hablado de penas efectivas, como la indemnización de la víctima, que haya un compromiso de no volver a delinquir, trabajar y estudiar en la cárcel y aumento de la pena cuando el delito se cometa hasta dos y tres veces”, indicó.

Al partido Conservador no le disgusta la idea. El senador Juan Diego Gómez dijo que las medidas que expondrá el Gobierno Nacional en este proyecto de ley, garantizará que un ladrón lo piense dos veces antes de hurtar un celular u otro elemento, porque su delito ya no quedaría en la impunidad.

“Es una medida que le entrega una solución al ciudadano. Los colombianos reclaman reformas a la justicia, porque cuando ven que un delincuente reincide en la comisión de los delitos recupera su libertad con facilidad, se presta para que estas personas sigan cometiendo fechorías”, indicó.

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El partido Liberal también apoyaría el proyecto. Sin embargo, el senador Luis Fernando Velasco dijo que sería bueno introducir algunas modificaciones que permitan descongestionar los despachos y liberar a jueces y fiscales de conocer este tipo de casos tan simples. 

“Esos delitos llamados pequeños son los típicos problemas de inseguridad que debería enfrentar un alcalde. Hay que convertir esos delitos en contravenciones pero con la posibilidad de sanciones fuertes, incluso de pérdida de libertad, pero en proceso administrativos rápidos", señaló.

Sostuvo que "el propio policía que captura al ladrón podría adelantar la acusación y unas inspecciones que funcionen 24 horas al día puedan tomar decisiones rápidas para sacar al ladrón de las calles varios meses”.

El proyecto de ley está en construcción y llegaría al Congreso en marzo con el auspicio de los Ministerios de Interior y Defensa, que son los encargados de poner en marcha la nueva política de seguridad anunciada y presentada por el Gobierno del presidente Iván Duque.