Iván Duque, los retos que asumirá en su gobierno

Las conversaciones con el ELN

Los diálogos con el ELN se han venido desarrollando durante seis ciclos en Quito (Ecuador) y ahora en La Habana (Cuba); los jefes de esa guerrilla mantienen suspendidas las órdenes de captura mientras se conoce una decisión sobre continuar o no con los diálogos.

Esta será una decisión que deberá tomar Duque en compañía de sus asesores y el equipo que designe para esos diálogos con la guerrilla del ELN. Justamente, el presidente electo designó recientemente a Miguel Ceballos para realizar el empalme para ese proceso de paz.

Durante el más reciente ciclo, el gobierno de Juan Manuel Santos no pudo concretar un cese el fuego bilateral con esa guerrilla. Será el nuevo gobierno de Iván Duque el que pueda lograr esa posibilidad del cese el fuego.

Los secuestros que ha cometido el ELN se pueden convertir en un obstáculo para que puedan avanzar en esos diálogos. Solo hace algunos días el ELN secuestró a cuatro uniformados y dos civiles en Chocó y mantiene plagiado el actual gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca, José Leonardo Ataya.

“El ELN también tiene que dar muestras de que quiere hacer la paz. La sociedad colombiana está pendiente de ello y esperamos que así actúen los comandantes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (Coce) con el nuevo Gobierno”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Negret.

Implementación del acuerdo de paz y la JEP

Un desafío que sin duda tendrá el nuevo presidente, Iván Duque, va encaminado a la implementación del acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno saliente y miembros de las Farc.

Aunque el saliente presidente Santos ha dicho que la implementación del acuerdo de paz debe respetarse por los próximos tres gobiernos, tal y como lo señaló la Corte Constitucional, Duque ha insistido en hacerles ajustes.

Tras una reciente reunión con voceros de los partidos políticos que harán coalición de Gobierno, trascendió que el presidente Duque insistió en reformar la participación política de las Farc y sacar del Congreso a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad.

En la Comisión de la Verdad hablamos de la necesidad de brindarle a Colombia la posibilidad de un ‘Gran Pacto Nacional’, que nos permita unirnos en defensa de la legalidad, la estabilización y la reconciliación de todo nuestro país. pic.twitter.com/OmcanRjNB2

— Iván Duque (@IvanDuque) 19 de julio de 2018

También el pasado 19 de julio, tras una visita a la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, el presidente Duque señaló que en una “conversación franca” con sus integrantes se habló de sus propuestas “para poder mejorar aquellas cosas que consideramos son necesarias en los acuerdos de La Habana”.

“Hablamos de brindarle al pueblo colombiano la posibilidad de un ‘Gran Pacto Nacional’ que nos permita unirnos en la defensa de la legalidad, la estabilización y la reconciliación de todo nuestro país”, dijo en ese entonces.

El presidente Juan Manuel Santos sancionó formalmente la ley de procedimiento al Código de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el cual se dan los parámetros para la operación de este tribunal.

Santos indicó que con ese trámite se cierra el círculo sobre la acción que tendrá esta jurisdicción, en el marco de las investigaciones en contra de ex integrantes de la extinta guerrilla de las Farc y agentes del Estado.

“Esta justicia especial, con esta ley que sancionamos, cierra el círculo porque tenemos la reforma constitucional, la ley estatutaria y lo que nos faltaba eran los procedimientos, ya todo está funcionando”, puntualizó Santos.

Línea Negra

Otro de los desafíos que tendrá Duque será la implementación del decreto que dejó firmado el presidente saliente Juan Manuel Santos sobre la “línea negra”, que redelimita las zonas ancestrales de las cuatro comunidades indígenas que se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sobre esa iniciativa se han presentado varias críticas de diferentes sectores económicos, los cuales pidieron al presidente Santos que se aclaren algunos puntos de ese decreto sobre la nueva delimitación de los terrenos indígenas.

Algunos dirigentes regionales señalaron sobre el decreto de la “línea negra”, que los puntos sagrados quedarían demarcados en 348 sectores como la Plaza Alfonso López, la Iglesia de la Concepción, las playas de Riohacha, el Pozo Hurtado en el río Guatapurí y algunas bahías de Santa Marta.

Además las quejas también se han perfilado sobre la falta de socialización del decreto, que impide que se discuta el futuro del desarrollo empresarial de la región una vez se apruebe la iniciativa.

Sometimiento de las bandas criminales

Aunque a mediados de julio el Gobierno había revelado que un equipo de abogados de la banda criminal del 'Clan del Golfo' había presentado oficialmente un documento en el que solicitan iniciar el proceso de sometimiento a la justicia, todo apunta a que ese proceso se daría en el nuevo gobierno de Duque.

El gobierno de Santos reveló que había adelantado una reunión en el Ministerio de Justicia para presentar los elementos necesarios para avanzar el trámite legal de sometimiento de los integrantes de dicha banda criminal.

Sin embargo, el llamado ‘Clan del Golfo’ aseguró días después, el 27 del mismo mes, que “carecen de fundamento” las versiones que advertían de su inminente sometimiento a la justicia, tras la aprobación en el Congreso de una ley que le brinda esta oportunidad.

A través de un comunicado, el Clan del Golfo exhortaba al nuevo gobierno a favorecer y seguir con el proceso de sometimiento del Grupo Armado Organizado (GAO).

“Saludamos el gobierno del señor Iván Duque y esperamos que, después de su posesión, desde el gobierno nacional se favorezca la causa de la reconciliación nacional”, señala.

Hasta donde se conocía, representantes del Gobierno y abogados de la banda criminal avanzaban en la definición de los requisitos en el marco del proceso de sometimiento la justicia de ese grupo armado ilegal.

Trascendió en su momento que los abogados del 'Clan del Golfo' estaban revisando los doce requisitos que definió el Gobierno del presidente Santos para lograr un sometimiento efectivo lo más pronto posible.

Nicolás Maduro y migración de venezolanos

Las relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no están en buen momento. El presidente Santos las deja bastante frías e incluso tensas, pese a que ese país sirvió por varios años como garante del proceso de paz con las Farc.

Ese panorama no parece que cambiará con el nuevo gobierno, sobre todo por la animadversión que despierta en el gobierno chavista la figura del expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático (que eligió a Duque) y quien impulsó su candidatura presidencial.

A ello se suma la migración de miles de venezolanos que han llegado al país como consecuencia de la crisis social, política y económica por la que atraviesa la nación vecina.

Según cifras del Gobierno, se estima que 440 mil venezolanos se encuentran en Colombia de manera irregular, por lo que en las últimas semanas el saliente presidente Santos firmó un decreto para regular su permanencia.

Con esa medida, los ciudadanos venezolanos podrán acceder a beneficios en atención en temas como salud, educación y trabajo entre otros. El reto del nuevo Gobierno será hacerle activa migración que se ha venido presentando en los últimos tiempos.