José Félix Lafaurie dice que el Clan del Golfo controla 331 municipios en Colombia

En su columna de opinión semanal, el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, alertó sobre el crecimiento del control territorial de los grupos armados ilegales en Colombia y el riesgo que esto implica para la gobernabilidad y los derechos humanos.

Lafaurie, quien también hace parte del equipo negociador del gobierno con el ELN, reveló que según fuentes oficiales, el Clan del Golfo es el grupo ilegal con mayor presencia en el país, con 331 municipios bajo su influencia. 

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Le siguen el ELN con 231, las disidencias de las FARC con 234, la Segunda Marquetalia con 65, los Comandos de Frontera con 24 y otros grupos menores con 34. Además, hay 24 municipios con presencia de grupos sin identificar y 187 con herederos de las AUC y el EPL.

El dirigente gremial afirmó que esta situación se debe a la falta de presencia del Estado en los territorios, lo que ha permitido que los grupos ilegales expandan sus estrategias de control social y territorial, tal como lo señaló la ONU en su reciente informe sobre los derechos humanos en Colombia.

“En lugar de acercarnos, nos alejamos de la paz”, escribió Lafaurie, quien también expresó su preocupación por el impacto de la violencia en los derechos de la población, especialmente en las zonas rurales, donde los grupos armados ejercen presión sobre las juntas de acción comunal y las organizaciones de base.

Asimismo, criticó un supuesto sesgo de la ONU, organización que según él, solo se enfoca en los asesinatos de líderes sociales, excombatientes de las FARC y supuestas ejecuciones extrajudiciales, pero no reconoce los derechos humanos de los policías y militares asesinados por los grupos ilegales.

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Lafaurie concluyó su columna haciendo un llamado al Gobierno y a la comunidad internacional para fortalecer la capacidad de las autoridades locales y étnicas para hacer “estado en serio” en los territorios, y para proteger la producción agropecuaria, que es fuente de empleo y sustitución de economías ilícitas.

“Se recomienda fortalecer la capacidad de las autoridades étnico-territoriales para hacer ‘estado en sus territorios’, pero no se habla de la cooptación de las autoridades locales del Estado colombiano por parte de los grupos ilegales”, manifestó el dirigente gremial.