¿Ley de paz total tendría beneficios para disidencias de las Farc?

Las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara retomaron la discusión y votación del proyecto que prorroga la Ley de Orden Público y le entrega facultades al Gobierno para implementar la denominada paz total.

La iniciativa establece las condiciones específicas para adelantar negociaciones con grupos armados ilegales, como el ELN. Sin embargo, durante la discusión se buscará dejar claras las diferencias entre los procesos de paz y los procesos de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales.

Y es en ese punto en el que podría haber una mayor discusión entre los congresistas, ya que algunos consideran que este proyecto abriría la puerta para que las disidencias de las Farc puedan recibir algunos beneficios, como el de la no extradición.

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El senador Ariel Ávila, coordinador de ponentes, afirmó que se dejará claro que los procesos de paz y de acogimiento serán complemente diferentes, razón por la cual los desertores no podrían verse favorecidos. 

“Para nosotros es absolutamente claro que habrán dos tipos de procesos, uno que es el proceso de paz con el ELN y el proceso de sometimiento donde podrán entrar las disidencias y está absolutamente claro que habrá diferencias”, indicó.

“La negociación de paz es una agenda política de carácter nacional, lo segundo es unas conversaciones socio-jurídicas, jurídicas por el tema de penas y sociales para los temas de reincorporación”, añadió.  

Entre tanto, el presidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró que la aprobación de la Ley 418 es fundamental para acabar con la violencia en el país.

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“La Ley 418 es un instrumento útil que se vence y hay que prorrogar. La aprobación hoy permite que los gobiernos desarmen a los violentos. Este proyecto evita masacres y muertes. Al votarlo estamos haciendo lo correcto que es salvar vidas y darle a Colombia una sociedad en paz”, indicó.

En medio de la discusión del proyecto se aprobó un artículo que le permite a las ONG tener contactos con grupos armados ilegales con fines humanitarios, siempre y cuando cuenten con el aval del Gobierno Nacional.