Ley que aumenta salario de concejales generaría nueva disputa entre Gobierno y Congreso

En el Congreso fue aprobado en último debate un proyecto de ley que aumenta los honorarios que ganan los concejales de los municipios de quinta y sexta categoría, que son los menos poblados y los más alejados de todo el país.

La nueva norma establece que los cabildantes de las localidades que tienen menos de 20.000 habitantes, ahora pasarán a ganar un salario mínimo, como sucede con los funcionarios de los municipios de cuarta categoría.

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Aunque pareciera ser una buena noticia para los miles de concejales de estos municipios, el tema podría ser objeto de una nueva disputa política entre el Gobierno y el Congreso, ya que según explicó el senador Germán Blanco, autor del proyecto, el mismo tendrá un costo de más de 280.000 millones de pesos para el Estado.  

“A los municipios de sexta categoría les costaría un promedio de 190 millones de pesos al año (…) Pero al erario nacional en su conjunto, le vale 286.000 millones de pesos y la pregunta que nos hacemos es cuánto le valieron los carrotanques al presupuesto nacional, o la plata que se está desviando, o la plata que resulta inocua en proyectos que de pronto no son pertinentes, por qué no pensar entonces en la base de la democracia que son los concejales”, aseguró.

Debido al costo que esto tendría, el proyecto de ley no habría tenido aval fiscal en su paso por el Congreso, razón por la cual algunas fuentes aseguran que el presidente Gustavo Petro podría objetarlo, lo que evidenciaría una nueva puja con los congresistas que lo votaron unánimemente.

“Si lo sanciona, una vez se publique tenemos ley, pero si no lo sanciona, vendremos aquí a la discusión en el Congreso, pero se podría ir a la Corte Constitucional parta que se estudie la norma y tenga la exequibilidad o no que exige la ley”, dijo.

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La ley también plantea aumentar el número se sesiones ordinarias que tienen los concejales, que son 70 al año y pasar de 20 a 40, las sesiones extraordinarias.

A este proyecto solo le hace falta su aprobación en conciliación en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, para que pueda pasar a manos del presidente de la República.