Mininterior pide al país exigir al ELN acabar con sus hechos criminales

Una dura respuesta entregó el ministro del Interior, Daniel Palacios, a los sectores políticos de la oposición que señalaron que gran parte de la violencia en las regiones se debe a que el Gobierno suspendió los diálogos de paz con la guerrilla del ELN.

Según el funcionario del Gobierno Nacional, todo el país debe exigirle a ese grupo que deje de cometer hechos criminales si es que quieren explorar algún tipo de negociación.

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Varios legisladores han insistido en que se deben retomar los acercamientos con el ELN, para lograr un acuerdo que les permita a ellos cesar las actividades criminales y poder llegar al Congreso.  

“Más allá de estar llamando a acuerdos y a diálogo con el ELN, llamemos al ELN a que deje de asesinar líderes sociales, llamemos al ELN a que deje de cometer secuestros, llamemos al ELN a que deje de cometer actos de terrorismo”, indicó Palacios.

“Ese es el llamado que debería hacer de forma unísona este Congreso y no de llamar al diálogo cuando estamos viendo que son los del ELN los que asesinan a los líderes y a nuestros miembros de la Fuerza Pública y demás”, añadió.

El ministro del Interior indicó que estos asesinatos se producen en las regiones, debido a las disputas que se presentan entre grupos ilegales por las rutas del narcotráfico y el manejo de las economías ilegales.

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“No es el Estado colombiano el que atenta contra los defensores de Derechos Humanos, no es la institucionalidad, son los mismos de siempre con los mismos de siempre por la misma razón, porque quieren las rutas del narcotráfico, porque quieren las economías ilícitas, porque está la minería ilegal, porque está la deforestación, el acaparamiento de tierras y sobre todo porque hay producción de narcóticos con cultivos ilícitos o son rutas de tránsito obligatorio para sacarlos del país o generar microtráfico”, manifestó.

Palacios indicó que gran parte del presupuesto que tiene la Unidad Nacional de Protección (UNP), que hoy asciende a alrededor de un billón de pesos, se destina para la seguridad de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país.