Petro no podrá asumir regulación de precios de servicios públicos por orden del Consejo de Estado

En un documento de 116 páginas la Sección Primera de la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal ratificó la suspensión del decreto que permitía al presidente, Gustavo Petro, asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

El Consejo de Estado reiteró, provisionalmente, que la aplicación del decreto implicaría reasumir las funciones delegadas a la Creg, lo que requeriría de la expedición de nuevas normas dentro de un marco regulatorio.

En el documento se lee "su competencia ya no opera bajo la decisión de reasumir las funciones delegadas, sino que delimita su objetivo de posterior regulación, producto de la asunción de las que denomina no son sus competencias, para lo cual fija las pautas y lineamientos que han de aplicarse en la adopción de tal regulación".

Por lo anterior, el presidente Petro no podrá asumir la regulación de precios de los servicios públicos del país, por el momento.

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Cabe mencionar que el 16 de febrero se firmó el decreto mediante el cual se facultaba al presidente Petro la regulación de precios de los servicios públicos en el país por el plazo de tres meses. Sin embargo, el 2 de marzo, el Consejo de Estado negó el decreto, asegurando que el Presidente se había atribuido dicho rol y olvidó que la asignación de estas funciones le correspondía al Congreso de la República.

El magistrado Roberto Serrato, explicó que en el documento, el Gobierno no explicó las razones para reducir el tiempo que permitía a ciudadanos y partes afectadas entregar sus conceptos. 

“Sustentación que no cumple con el deber justificar de manera adecuada y reforzada el motivo por el cual se limitó la publicidad del proyecto regulatorio, así como la restricción del derecho a la participación ciudadana en la etapa previa a la emisión de la decisión administrativa”, aseguró el Magistrado.

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Con esta decisión, el presidente Gustavo Petro deberá esperar que se estudie detalladamente la demanda que pidió anular el decreto.