Rodolfo Hernández pedirá medidas cautelares ante la CIDH por sanciones de la Procuraduría

Ante las sanciones que le ha impuesto la Procuraduría a Rodolfo Hernández y que podrían sacarlo definitivamente de la carrera por la Gobernación de Santander, el excandidato presidencial solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que se están violando sus derechos políticos.

La FM de RCN conoció que su defensa también presentó un recurso ante el Consejo Nacional Electoral para que se revise la decisión que lo tiene, por ahora jurídicamente, fuera de la contienda electoral de las elecciones regionales.

La defensa del excandidato argumenta que la sanción del Ministerio Público “está violando sus derechos de integridad personal, garantías judiciales, derechos políticos y al derecho a la igualdad ante la ley y a la protección judicial”.

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De prosperar el recurso presentado ante la CIDH, Hernández obtendría los mismos beneficios que logró el entonces alcalde Bogotá, Gustavo Petro, pues la Convención Americana de Derechos Humanos, le recordó a Colombia que ninguna autoridad administrativa puede sancionar personas elegidas popularmente.

Las tres sanciones están relacionadas con el tiempo del candidato a la Gobernación, como alcalde de Bucaramanga, pues, en los tres casos fue investigado y sancionado por actos agresivos y ofensivos contra otros funcionarios y ciudadanos. 

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La primera sanción fue porque Rodolfo Hernández maltrato a un ingeniero que estaba cumpliendo la función de supervisar un contrato de obras públicas en la capital de Santander. 

Al igual que el primer caso, la segunda sanción fue por agresiones, esta vez contra el concejal John Jairo Claro, por el que se hizo viral el momento en que Hernández responde con insultos y golpea a Claro en medio de una discusión. 

Y, por tercera ocasión, la sanción más reciente que fue emitida por la Procuraduría, se trató de una agresión verbal y tratar con términos despectivos a un veedor ciudadano en medio de un evento. 

La última determinación fue ratificada en segunda instancia y modificada de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, por la que la delegada consideró que, al no estar ejerciendo el cargo, la sanción debía convertirse en una multa que debía pagar el ahora candidato a la Gobernación.