"Expresión de indignación": la causa del homicidio por el secuestro a un bus según la relatoría de violencia en Bogotá

La relatoría del ex defensor del Pueblo y candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, Carlos Alfonso Negret, es contundente. Señala en sus primeras páginas que los homicidios a 11 jóvenes en las jornadas del 9, 10 y 11 de septiembre del 2020 corresponden a un hecho de masacre y señala claramente la responsabilidad en la Policía Nacional.

El informe recoge los hechos que ocurrieron en Bogotá luego de la tortura y el homicidio al ciudadano Javier Ordóñez, que fue apresado y luego golpeado por policías en un CAI al sur de Bogotá, para luego morir por la gravedad de los traumas mientras se pretendía atenderlo en un centro asistencial de salud.

Se trata de una investigación de seis meses que incluyó varios testimonios de las familias de las víctimas para realizar su historia de vida; informes periodísticos y un voluminoso estado del arte académico sobre los acontecimientos de orden público en varias regiones del mundo que incluyeron reacciones desproporcionadas de parte de las fuerzas de seguridad anti disturbios y de Policía. El documento hace un amplio resumen que pasa por la primavera árabe, protestas en Bolivia, Chile y Argentina y los acontecimientos desencadenados en Estados Unidos por el homicidio al afro americano George Floyd.

Sin embargo, en las conclusiones presentadas en las primeras páginas también señalan uno de los hechos más difíciles de las jornadas de protestas  justificado como una simple expresión ciudadana en la vía de la violencia. Más adelante, el informe retoma el caso y lo describe de acuerdo a las investigaciones y artículos de prensa que cubrieron el hecho. También hace una narración de la historia de vida de la empleada doméstica que murió luego de que los delincuentes tomaran control del SITP sin saber conducir y ella tuviera que bajarse.

“Una de las expresiones ciudadanas de indignación frente a lo ocurrido con Javier Ordóñez en la madrugada del 9 de septiembre fue el uso de la violencia contra bienes públicos y privados, particularmente los que representan a la institución policial, la institucionalidad y el orden. Como consecuencia de esas expresiones murió atropellada la señora María del Carmen Viuche, cuando un grupo de personas asaltaron un bus del sistema público, arremetieron en contra de su humanidad y le causaron la muerte”.

El informe, aunque señaló el delito de los homicidios investigados en responsabilidad de la Policía con disparos de armas de fuego y los categorizó como una masacre y hechos ilícitos, no expresa lo mismo en las conclusiones para el caso de la ciudadana, víctima de homicidio por el secuestro de un bus de servicio público. Luego se limita a hacer una descripción de lo ocurrido con Viuvche el 10 de septiembre, como lo hicieron los medios de comunicación que registraron la noticia.

“De las 14 víctimas mortales que se registraron en las jornadas de protesta del 9 y el 10 s, uno, el caso de María del Carmen Viuvche, está relacionado directamente con esta práctica de violencia contra bienes públicos y privados. La mujer de 62 años se desempeñaba como empleada doméstica en una casa particular y en la noche del 10 de septiembre, ante las noticias de orden público en Bogotá, salió de su trabajo sobre las 8:00 pm para su casa. Tomó el bus que habitualmente la transportaba de su trabajo, en el sector de Hayuelos, a su casa, en Tibabuyes, localidad de Suba. En medio del recorrido fue atacado y vandalizado por un grupo de personas que antes de tomar el control del vehículo atracan a los pasajeros, entre ellos a María del Carmen, quien descendió del bus buscando protegerse, pero una vez en tierra, fue arrollada por los delincuentes que tomaron el timón del bus aunque, al parecer, ninguno sabía conducir y al arrancar el vehículo arrollaron a esta mujer, madre de tres jóvenes”.

También señala que luego de más de un año, para este y otros siete casos en los que sí habría responsabilidad de funcionaros de la Policía, no ha habido avances en la imputación penal.

El documento describe que una de las causas de la ola de violencia que terminó con la vida de 14 personas durante esa semana, fue la ausencia de una orden enfática de las autoridades y la Alcaldía para no disparar armas de fuego. Fueron en total 75 lesiones por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante y 187 por “otras lesiones”. También se afectó la integridad personal a 216 miembros de la Policía Nacional.

La investigación agrega que hay un problema estructural en la justicia penal militar en la que también pueden ser investigados y juzgados los miembros de la Policía que cometan delitos. Esto hace que los índices de impunidad frente a lo que debería ocurrir en la justicia ordinaria se incrementen. También le dedican un capítulo importante al enfoque negativo de la policía con prácticas militares para tareas que corresponden a actuaciones civiles y no para combatir a grupos armados organizados.

El texto de la relatoría también presenta las principales causas de los excesos de la Policía durante la respuesta a las protestas de septiembre. Allí se refiere a la ilicitud de algunas prácticas, entre las que se encuentra el uso indiscriminado de armas de fuego que, además de causar la muerte de 11 personas, también habrían generado lesiones en 75 personas. 187 heridas también se presentaron por otro tipo de lesiones.

“El uso indiscriminado de armas de fuego; el uso de la fuerza ante una persona que se encuentra reducida, herida o en estado de indefensión; la detención de personas que participan de actividades que no representen un riesgo para la seguridad o el orden público; el uso de la violencia contra una persona que se encuentra realizando actividades permitidas por la ley y la Constitución; la utilización innecesaria (cuando su empleo no es requerido para lograr el fin que se propone) de unidades o armas para el control de una persona o un colectivo, así como es uso ilegítimo de la fuerza el empleo de la violencia física o sicológica contra una persona que se encuentra detenida por la fuerza pública”.

En el caso de Viuvche, el informe concluye con una entrevista a varios de los miembros de su familia que relatan su vida y el acontecimiento que les cambió la vida sin esperarlo.  “No comprenden cómo las manifestaciones, una supuesta reivindicación de justicia, pudieron acabar con la vida de María del Carmen”, puntualiza el documento.