Investigación disciplinaria para magistrada que vigila descontaminación del río Bogotá

La Comisión de Disciplina Judicial abrió investigación disciplinaria a la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nelly Yolanda Villamizar por presunta extralimitación de funciones en las ordenes que ha dado para descontaminar el río Bogotá.

La investigación se desprende de una denuncia que colocó la excongresista María Susana Muhamad, quien fue designada por el presidente electo Gustavo Petro, como ministra de Ambiente.

Según Muhammad, la magistrada ha favorecido a terceros con sus decisiones. La última fue la orden a la CAR Cundinamarca para pagarle todo el contrato al encargado de la ampliación de la PTAR Salitre, pese a posibles fallas e incumplimientos en la obra para la recuperación del río.

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“Se denota una intervención clara y directa en el desarrollo del Contrato de Obra No. 803 de 2016, por cuanto a través de sus decisiones judiciales llevó a la omisión de los estudios técnicos previstos para la aceptación del Hito 1. Esas decisiones afectaron la etapa contractual y generaron un detrimento en el patrimonio público como consecuencia de las sanciones que correspondía imponer al CEPS por retrasos en la entrega”, dice la queja.

La labor de la magistrada es hacerle el seguimiento a una sentencia del Consejo de Estado que en el 2014 ordenó descontaminar el río, para ese objetivo se inició la creación de la Planta de Tratamientos Residuales del Salitre, llamada PTAR Salitre, que vale 1.3 billones de pesos.

La hoy Ministra de Ambiente asegura que con sus decisiones, la magistrada ha obligado al consorcio IVK (interventor de las obras) y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB -ESP “aceptar obras inconclusas que no cumplen todas las condiciones” del contrato de descontaminación.

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“Con las decisiones judiciales adoptadas por la magistrada Villamizar se pone en riesgo la salud pública y el proceso de saneamiento de la cuenca media del río Bogotá, llevando a favorecer a terceros con extralimitación de sus funciones”, reitera la queja.

En relación con las denuncias de la excongresista, la Procuraduría le dijo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no se podía poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento porque según información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, hay fallas en los equipos, falencias en los diseños de la planta, ausencia de la matriz de equipos y conectividad con el centro de control, además de falta de repuestos.

A juicio de la Procuraduría, las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (Ptar Salitre) no podrían entrar en funcionamiento a pesar de la orden dada por el Tribunal, porque podría ponerse en riesgo el objetivo del proyecto que es impedir que “aproximadamente 450 toneladas mensuales de basura lleguen al río”.