Lo que se conoce tras el asesinato de Ezequiel Rodríguez en el Carulla de la 116

Este lunes en la mañana los visitantes a una sede de Carulla ubicada en la calle 116, en el norte de Bogotá, vivieron momentos de pánico luego que un sicario accionara su arma de fuego contra un hombre identificado como Ezequiel Rodríguez Hoyos.

De la víctima, una persona de aproximadamente 52 años, sus familiares confirmaron que estuvo preso en Estados Unidos, país en donde pagó una condena por narcotráfico. Las autoridades investigan si tras su regreso a Colombia había recibido amenazas de muerte.

Sin embargo, otro familiar le dijo a un medio local que Rodríguez, quien fue descrito por varios testigos como un hombre de contextura gruesa, alto y que portaba muchas cadenas, hoy por hoy no estaba en actividades relacionadas con narcotráfico. Se dedicaba a labores de finca raíz. 

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En cuanto a su lugar de residencia se dijo que vivía cerca del punto donde ocurrió su muerte y que habría llegado al establecimiento a eso de las 9: 30 a.m. para cumplir una cita con otro hombre. A pesar de las versiones que han circulado, serán las autoridades las encargadas de establecer quiénes estuvieron detrás de este caso de sicariato en Bogotá.

Sin embargo, este caso revivió entre los bogotanos las cientos de muertes que se han venido presentando a lo largo de los años en ciudades como Cali y Medellín, y que estarían relacionadas con el ajuste de cuentas producto del narcotráfico. 

Las autoridades han venido investigando si algunos homicidios ocurridos en esas ciudades tendrían que ver con el regreso al país de capos que ya cumplieron sus condenas en Estados Unidos.

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A propósito, en abril del año pasado, Óscar Naranjo, exvicepresidente de la República del gobierno de Juan Manuel Santos, advirtió que los índices de violencia en algunas regiones del país podrían aumentar a raíz del retorno de 25 narcotraficantes que purgaron sus penas en prisiones de EE.UU., luego que fueran extraditados en el año 2000. 

La advertencia en ese momento de Naranjo estaría orientada a que los exconvictos llegarían a Colombia nuevamente, y por ende se generaría un ajuste de cuentas en contra de quienes en su momento los delataron, sumado al reclamo de sus propiedades, rutas del narcotráfico y por promesas incumplidas durante su detención.