Los problemas jurídicos que traería modificar contrato del Metro, según congresistas

En el Congreso de la República generó rechazo la más reciente declaración que entregó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en la que señala que si no se realizan las modificaciones que pidió el presidente Gustavo Petro para el proyecto del Metro, se pondrían en riesgo otras obras de infraestructura en Bogotá.

Para el senador Miguel Uribe, esto no es más que una amenaza por parte del jefe de Estado. Según Uribe, cambiar las especificaciones de la obra para que un tramo de la misma sea subterráneo, generaría muchos riesgos, más demoras y sobrecostos.

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El congresista de la oposición, quien también fue secretario de Gobierno de Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa, habló de los problemas jurídicos que le traería al país la modificación del contrato parta la construcción del Metro:

1. Modificar las especificaciones técnicas del contrato sin un hecho sobreviniente que lo justifique, implica violar el principio de selección objetiva, de planeación y de transparencia.
2. La modificación que pretende el Gobierno aumentará los costos de tal manera que se debe renegociar con la banca multilateral y seguramente excederá 50% del valor del contrato, lo que es ilegal.
3. Asumiendo que fuera posible, la renegociación con la banca multilateral generaría costos adicionales. El riesgo país que hoy evidencian los mercados, implicaría un 80% de mayor costo en la financiación.
4. Si el concepto con el que el Gobierno pretende modificar la primera línea del Metro se aplicara a todos los contratos de infraestructura, Petro estaría justificando – por ejemplo - las modificaciones del contrato de Odebrecht “Ruta del Sol 3”, uno de los escándalos más grandes de corrupción del país

Miguel Uribe asegura que una obra de infraestructura tan importante no se puede ver afectada por los caprichos del Gobierno de turno.

“Es inadmisible que, por un capricho de Petro, sin fundamento técnico, se pretenda una modificación unilateral del contrato. Esto socava la seguridad jurídica y pone en tela de juicio el soporte técnico de los estructuradores del proyecto a nivel nacional y distrital, así como los equipos de expertos de la banca multilateral que avalaron el proyecto”, dijo.

La senadora Angélica Lozano también se pronunció rechazando lo que ella misma denominó como un “chantaje” del Gobierno para tener los recursos que se necesitan en la construcción de la obra.

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“Los recursos públicos son sagrados y la democracia significa respetar las instituciones. La nación y el Distrito, durante más de cinco décadas, se demoraron para lograr este contrato. Estamos listos para abrir la licitación de Metro subterráneo para Suba y Engativá gracias al trabajo de estos tres años primero con el Gobierno Duque y ahora con el Gobierno Petro”, dijo.

“Es injusto y absurdo chantajear con no permitir hacer esa línea subterránea Suba y Engativá, para romper un contrato anterior”, sostuvo Lozano tras reconocer lo hecho por el entonces presidente Santos y el alcalde Peñalosa.

Los congresistas aseguran que no se le puede hacer este daño a los bogotanos y más cuando se trata del manejo de los recursos públicos.