Los proyectos de Enrique Peñalosa que siguen en jaque por acciones judiciales

En el año 2016 llegó Enrique Peñalosa a la Alcaldia de Bogotá con nuevas propuestas plasmadas en 604 páginas de su Plan de Desarrollo que marcarían la hoja de ruta de los 4 años de su segunda administración. El mandatario, junto con su equipo de más de 250 personas, priorizaron proyectos en temas de seguridad, movilidad e infraestructura, todos polémicos y - en su mayoría - llevaban el desarrollo de temas ambientales.

Hoy la mayoría de ellos solo se quedarán en proyectos por los cientos de demandas, acciones judiciales y procesos de nulidad que los detienen. LA FM hizo un listado de los proyectos emblemáticos de esta administración que no fueron ni serán. Por supuesto, la primera: la descontaminación del río Bogotá, donde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, debido a las decisiones de la Procuraduría, no tendrá participación y no firmará los convenios de la PTAR Canoas.

Lea también: Los viajes de Enrique Peñalosa

Embalse de San Rafael

El martes, en horas de la mañana, LA FM conoció la decisión tomada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá sobre la suspensión provisional del proceso contractual para la adecuación del parque San Rafael. Según la decisión, las obras del Distrito que contemplan la adecuación de 11 kilómetros de senderos para "caminar y pasear en bicicleta", además de miradores, muros para escalar y restaurantes, no contaría con un plan de manejo ambiental de la reserva forestal.

Los nuevos alegatos del sindicato y los vecinos del sector fueron radicados el pasado lunes 11 de marzo. En ese sentido, uno de los lugares que prometía ser uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad, con una inversión de $138 mil millones en la adecuación de más de 51 hectáreas, quedó suspendido hasta nueva orden.

Transmilenio Carrera Séptima

Por otra parte, la semana pasada LA FM conoció la decisión del juzgado 49 administrativo de Bogotá, que le ordenó al Instituto de Desarrollo Urbano suspender temporalmente la licitación para la construcción de Transmilenio por la Carrera Séptima. Este pronunciamiento se hizo tras resolver una acción judicial presentada por un grupo de ciudadanos que manifestaron las irregularidades de este proyecto y las afectaciones que se presentarían con su construcción.

Para el juzgado administrativo, se debió suspender inmediatamente la convocatoria de la licitación, programada para el 2 de mayo, para la construcción de esta compleja obra hasta que no se resuelvan todas las inquietudes que existen frente a este. Así mismo, en la mañana del miércoles 24 de abril, la Alcaldía de Bogotá anunció la suspensión provisional de todo el proceso de licitación tras aceptar la petición hecha por la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público señaló en su petición que no hay certeza sobre la armonización de los estudios y diseños de la troncal Transmilenio por la Carrera Séptima y el Plan parcial del Pedregal que, según el Plan Parcial de Renovación Urbana, estará ubicado sobre la Carrera Séptima con calle 100.

Por estos hechos, el Ministerio Público le abrió una investigación disciplinaria a la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Rocio Mantilla Barón, y otros siete funcionarios, por presuntas irregularidades en la licitación por más de $2 billones para la construcción de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima.

Acciones de ETB

En fallo de segunda instancia el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo de primera instancia relacionado con la nulidad de un artículo del Plan de Desarrollo de Bogotá, que autorizaba a la Alcaldía enajenar las acciones del Distrito en la Empresa de Teléfonos de Bogotá.

El objetivo de la enajenación de las acciones era construir 30 colegios, cuatro hospitales, más vías, un centro de comando y control y cientos de cámaras para mejorar la seguridad, y una inversión importante en la atención de los niños de 0 a 5 años. A esto hay que sumarle proyectos como:

Obras en los humedales

El pasado 25 de abril, el juez cuarto Administrativo abrió incidente de desacato en contra del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por las obras que se siguen realizando en los humedades de Bogotá. Todo esto debido al decreto 565 2017 a través del cual Peñalosa tenía previsto realizar obras dentro de estos terrenos de Bogotá.

Proyectos como la ciclorruta del canal Molinos, el ciclo puente del canal Molinos con Autonorte en uno de los tramos y la obra del corredor ambiental Canal Córdoba que cuenta con una extensión de 550 metros y que tiene un costo aproximado en el tramo 1 de $14.364 millones quedaron dentro de esa decisión judicial.
 
La Secretaría Jurídica Distrital aseguró en su momento, que hasta el momento no existe una orden de desacato con el alcalde Enrique Peñalosa.De ese modo, la Secretaría resaltó que “cumpliendo los tiempos de ley para responder”, se le envió la respuesta al juez, “haciéndole llegar la información necesaria para tenga los elementos que le permitan tomar una decisión”.

Tala de árboles

Esto sí que ha sido un dolor de cabeza para esta administración,  desde el mes de mayo del año pasado cuando se realizó la primera tala de árboles en el parque El Virrey, seguidas por el talas en el parque el Japón, en Bosques de Bavaria, en la calle 116, cientos de ciudadanos se enfrentaron la Administración Distrital,  que argumentó recientemente que todo hace parte de un proyectos estructurado para crear espacios públicos adecuados para la ciudadanía.

Ante la situación, en los últimos días se anunció la plantación de más de 300.000 árboles en Bogotá, en cuatro viveros donde se prepararon especies que ahora estarán en espacio público y privado.

Sin embargo, entes de control como la Procuraduría y la Personería Distrital tomaron cartas en el asunto y pidieron al Distrito la justificación de las talas aso como la compensaciones ambientales.

Valorización

Tras un mes de aprobación del proyecto de valorización en el Concejo de Bogotá el pasado mes de noviembre , el cobro de este nuevo tributo con el que el Distrito busca recaudar $ 906.579 millones, recibió una demanda de nulidad. Esta vez, al acuerdo que aprobó este plan por parte de la concejal y hoy candidata a la Alcaldía, Ángela Garzón. Así mismo, el también candidato a la Alcaldía por el movimiento Activista,  Luis Ernesto Gómez hizo una solicitud de medidas cautelares.

Sin embargo, a la fecha ninguna de las acciones ha tenido una respuesta por lo que continua el cobro de valorización. De detener el proyecto, se congelaría la construcción de  35 obras, distribuidas en cuatro ejes: Cedro, Córdoba, San Francisco y Zona Industrial, las cuales beneficiarán a 4,5 millones de habitantes.

De los procesos judiciales activos cabe resaltar proyectos como la  primera línea del metro, la reorganización en el sector salud, aumento en las tarifas de Transmilenio, las medidas para el ordenamiento del Sistema Integrado de Transporte, el pago voluntario por no tener pico y placa y por su puesto la Reserva Van Der Hammen

Ante las críticas, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que hay intereses políticos que se han dedicado a detener proyectos que "afectan abiertamente el desarrollo de la ciudad, que requiere transformaciones que durante muchos años no se han hecho". Sin embargo, aseveró  que "respeto profundamente la justicia, pero claramente hay intereses políticos, que además firman acciones populares en contra de proyectos no de Peñalosa, yo soy irrelevante, en siete meses me voy, es en contra de la ciudad”.

Estos proyectos que se habían convertido en la base de la administración Peñalosa, hoy en día no tienen piso jurídico y ponen en jaque los resultados de la Bogotá Mejor para Todos en su último año.