Mapfre desembolsó a EPM USD 100 millones por la emergencia en Hidroituango

La compañía Mapfre, aseguradora del proyecto Hidroituango, hizo un segundo pago por 100 millones de dólares, que se suman a los 150 millones que fueron entregados en diciembre del año pasado, por la indemnización de la contingencia. 

Andrés Uribe, vicepresidente de Riesgos de EPM, explicó que este segundo pago corresponde a los daños materiales en obras civiles y reposición de equipos. Agregó que la cifra cancelada se refiere a lo recomendado por el ajustador, de acuerdo con los gastos e inversiones efectuadas por la empresa en la recuperación del proyecto. 

Añadió el funcionario que la empresa continúa en el proceso de cuantificación de los daños, la reposición de equipos y las reparaciones del proyecto.

"Es importante destacar que este segundo pago anticipado es por daño material en obras civiles y reposición de equipos. La Empresa continúa en el proceso de cuantificación de los daños, la reposición de equipos y las reparaciones del proyecto conforme se progresa en su diagnóstico, diseño y contratación, lo cual es informado de manera permanente dentro del proceso de ajuste", agregó.

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Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien por medio de su cuenta de Twitter, aseguró que el desembolso confirma, una vez más, que eran falsas las versiones según las cuales, demandar al consorcio afectaría el pago de las pólizas. 

"Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: El sol, la luna y la verdad: como estaba previsto Mapfre acaba de pagar 100 millones de dólares más por Hidroituango. Era falso decir que demandar a contratistas afectaba pólizas. Tomamos la decisión correcta", indicó.

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Según explicó el Vicepresidente de Riesgos, la compañía tiene una póliza con un límite asegurado por US$ 2.556 millones para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos. 

Además cuenta con un cubrimiento por el lucro cesante, que corresponde al dinero que deja de recibir la compañía por retraso en la entrada en operación de la hidroeléctrica por US$ 628 millones, montos que fijan la máxima responsabilidad de la aseguradora.