Personería abre investigación contra la saliente alcaldesa de Fontibón

Por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio con el sistema universitario del Eje Cafetero por $ 19.000 millones para la intervención de la malla vial de Fontibón, la Personería de Bogotá inició un proceso de indagación contra la exalcaldesa de la localidad Johanna Paola Bocanegra Olaya.

De acuerdo con la denuncia, la funcionaria habría eludido una licitación o concurso público para escoger la mejor oferta y, en cambio, habría pactado un “anticipo del 50 % del contrato con la presentación de un plan de trabajo”.

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La funcionaria ya había sido destituida e inhabilitada por 12 años en primera instancia por parte del Ministerio Público Distrital por irregularidades en la “suscripción de un convenio con Fonade por $ 9.594 millones para la intervención de la malla vial local, espacio público, interventoría y el mobiliario de la sede de la Alcaldía”. Sin embargo, con maniobras dilatorias retrasó la sanción.

Las demoras se dieron porque ni la alcaldesa ni sus abogados asistieron a las audiencias para presentar descargos. La primera citación fue el 11 de enero de 2018, y a lo largo de ese año, fue citada en 31 oportunidades. En algunas ocasiones indicó que por supuestas incapacidades médicas, pero la entidad  "verificó con la Secretaría de Gobierno y ninguna de las incapacidades médicas fue presentadas ante esa entidad para justificar alguna ausencia laboral”.

“Durante el proceso, la defensa presentó cuatro solicitudes de nulidad, una recusación, cuatro solicitudes a la Procuraduría para que asumiera la investigación las cuales fueron negadas y una acción de tutela”, señala el órgano de control.

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De acuerdo con la Personería de Bogotá, en los últimos tres años y medio se profirieron 80 fallos sancionatorios contra alcaldes locales. “Las decisiones fueron, en su mayoría, por irregularidades en contratación”, afirma.

Este es el cuarto alcalde local que es sancionado de los 14 de la administración saliente que son investigados. En total, “las irregularidades en contratación superan los $ 100 mil millones”.