¿Por qué algunos concejales no aceptaron camioneta blindada y escoltas en Bogotá?  

A tan solo un mes de iniciar sesiones en el nuevo Concejo de Bogotá mucho se ha hablado sobre la propuesta que han hecho algunos cabildantes frente al esquema de seguridad que tiene asignado cada uno de los 45 miembros de la corporación, elegidos el pasado 27 de octubre de 2019 mediante voto popular.  

El esquema de seguridad, que consta de dos policías motorizados, una camioneta blindada que es alquilada mediante un contrato con la UNP, un conductor que se paga con recursos de la Unidad de Apoyo Normativo [UAN] y gastos de gasolina, se ampara en el Decreto 1066 de 2015 del Ministerio del Interior.  

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La FM contactó a algunos de los concejales que han renunciado a este beneficio, quienes argumentaron por qué han tomado esta decisión que ha sido noticia en los últimos días.  

Uno de los pioneros de esta propuesta fue Diego Laserna del Partido Alianza Verde; durante su campaña el año pasado hizo la invitación a quienes quedaran elegidos a seguir su ejemplo. 

“Si uno no tiene ningún riesgo no tiene por qué estar incurriendo en ese gasto y los policías tienen mucho qué hacer en los barrios y en las zonas más peligrosas de la ciudad, pero sobre todo creo que los bogotanos quieren políticos que se muevan como ellos, que se muevan en taxi, en bus, en bicicleta y a pie, no en una camioneta blindada con dos escoltas”, indicó.  

Por su parte, Martín Rivera, también concejal de Alianza Verde, explicó que renunció al esquema de seguridad y a la camioneta porque no considera que sea necesario ya que no tiene un riesgo inminente, además, por la importancia de utilizar los servicios de transporte público de la ciudad como Transmilenio.  

“Es muy importante usar Transmilenio para hablar con conocimiento de causa”, dijo, mientras que sobre el tema de los policías manifestó que deberían ir a prestar servicio a la ciudad en estaciones de Transmilenio o en los cuadrantes. 

“Las camionetas que no nos asignen lo ideal sería que se las asignaran a líderes sociales en otras regiones de Colombia. Respecto a los policías, ya es potestad de la Policía Metropolitana y en cuanto a las camionetas, es una petición que habría que hacerla a la UNP, incluso al Ministerio de Defensa para que sean ellos quienes asuman ese costo”, agregó. 

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De igual forma, la concejal Marisol Gómez de Bogotá para la Gente y quien radicó en la Secretaría General del Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo en el que plantea a sus compañeros de cabildo renunciar a los dos policías con las dos motocicletas dijo: “El objetivo es que esos 90 policías con sus 90 motocicletas vayan a conformar una unidad de reacción inmediata para atender el alarmante crecimiento de hurto en la ciudad”. 

Asimismo, recordó que el año pasado el hurto en Bogotá con respecto al 2018 creció el 20 por ciento y en Transmilenio creció 44 por ciento, y que el aadescubierto de uniformados en la capital es de 9.000, no cumpliendo los estándares de la ONU porque hay un déficit del 40 por ciento.  

Susana Muhamud, concejal de la coalición Colombia Humana, MAIS y la UP, quien tampoco aceptó el esquema de seguridad, invitó a que la camioneta que ella no va a utilizar se la entreguen a algún líder social de región.  

Frente a esta propuesta, el concejal del Partido Conservador Nelson Cubides señaló que quitar el esquema de seguridad a todos los concejales representa una situación que podría ser irreparable en algún momento dado si el riesgo cambia de un momento a otro. 

“Es necesario y justo revisar si todos merecen realmente esa condición de riesgo y creo que es importante valorarla a profundidad en cada uno de los casos”, destacó. 

Hasta el momento, otros concejales que no aceptarán este esquema de seguridad son Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Diego Cancino de Alianza Verde. María Fernanda Rojas, también del Verde, renunció a los dos escoltas que le otorga la corporación.