Presentan demanda contra el Gobierno por frenar recursos para el Metro de Bogotá
Demanda contra Gobierno de Petro por suspensión de fondos para el Metro de Bogotá.
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Desde el Concejo de Bogotá fue radicada una demanda contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por la suspensión de $1.5 billones destinados para la construcción del metro y otros proyectos en la capital. Según el concejal Juan Baena, líder de la bancada del Nuevo Liberalismo, esta decisión representa un robo a los habitantes de Bogotá.
El concejal Baena enfatiza que el decreto 0069 de 2025, que aplaza más de $770.000 millones para el avance de la primera línea del Metro, $328.532 millones para la troncal de TransMilenio de la Calle 13 y $345.735 millones para el Regiotram de Occidente, afecta directamente a las vigencias futuras que el Estado está obligado a cumplir.
Ante esta situación, se presenta una acción de nulidad contra el acto administrativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Baena resaltó el avance significativo de la primera línea del Metro, que se espera supere el 50% al cierre de febrero. El concejal sostiene que la suspensión de recursos pone en riesgo un convenio de cofinanciación suscrito en 2017, el cual debe ser respetado.
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La acción legal busca la nulidad total del decreto para asegurar el desarrollo de la ciudad y mejorar las condiciones de movilidad.
El concejal también criticó la medida del Gobierno por su presunta violación de normas constitucionales y legales. Baena argumenta que la decisión vulnera principios de planificación presupuestal y afecta derechos fundamentales, como el de movilidad y desarrollo sostenible.
Además, considera que la suspensión de recursos es parte de una estrategia del presidente Petro para obstaculizar el progreso de Bogotá.
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La falta de respuesta del Gobierno, según Baena, genera inquietud. El concejal menciona un derecho de petición enviado a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, solicitando información sobre reuniones en las que se discutió el aplazamiento de recursos.
La ausencia de respuesta por más de 20 días y la transferencia de responsabilidades entre ministerios refuerzan la percepción de falta de transparencia. Por el momento se espera la respuesta del Gobierno Nacional.