Recuperan 20 animales que iban a ser comercializados en el mercado negro en Bogotá

En varios operativos en contra del tráfico de fauna silvestre, la Policía Ambiental logró recuperar 16 canarios costeños, dos loras frentiamarilla y dos boas, el pasado 14 de septiembre en Bogotá.

Estos operativos, coordinados por la Secretaría de Ambiente, se llevaron a cabo en las localidades de Suba, Usaquén, Puente Aranda y Rafael Uribe. 

Los 16 canarios, que son pertenecientes a la especie Sicalis Flaveola,  fueron recuperados en una casa en la calle 141 # 52-68. en localidad de Suba. Se encontraban en cautiverio y bajo condiciones físicas deplorables.  

El equipo técnico de veterinarios de la Secretaría de Ambiente se llevó a las aves para su respectiva valoración. 

Otro operativo de control se llevó a cabo en la localidad de Usaquén, donde se recuperaron dos loras de la especie Amazona Ochrocephala.  

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Las aves también permanecían retenidas ilegalmente y estaban en una vivienda ubicada en la carrera 6 # 175 – 48, en condiciones precarias. 

Por otra parte, en las localidades de Puente Aranda y Rafael Uribe fueron rescatadas dos boas constrictoras que habrían sido abandonadas por los traficantes.  

En uno de estos casos, un reciclador alertó a las autoridades ambientales sobre la presencia en vía pública de una caja de cartón con una serpiente en su interior. Esta especie se encuentra comúnmente en las regiones de la Orinoquía y el Amazonas.   

La serpiente presentaba altos niveles de estrés y deshidratación. Por esto fue trasladada a la oficina de enlace de la Secretaría de Ambiente en la terminal El Salitre para que los veterinarios hagan la respectiva valoración.

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En el otro caso se trataba de una boa constrictora perteneciente a la especie Epicrates Maurus. Las autoridades la encontraron en la calle 16 # 36-14, localidad de Puente Aranda.  

La serpiente, de 75 centímetros de longitud, estaba en el interior de un guacal y se presume que fue traída desde Chocó.   

Cabe destacar que la comercialización y la tenencia de cualquier especie silvestre están catalogadas como un delito ambiental. Esto puede dar penas de hasta nueve años de cárcel, como lo establece el Código Penal, y multas que pueden llegar a los $3.600 millones.