Advierten inhabilidades en jurados de votación elegidos para elecciones presidenciales

? #ATENCIÓN La Procuraduría verificó la base de datos de jurados de votación ?️ para la posterior asignación a las elecciones presidenciales y evidenció que 2.925 ciudadanos postulados se encuentran inhabilitados para ejercer funciones públicas. Hilo 1/3 ?? pic.twitter.com/0Kg172jSx1

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 6, 2022

La Procuraduría señaló que esa información se encontró al cruzar los datos de los jurados escogidos con la base de datos del Registro de Sanciones de la entidad.

En ese sentido, la información recolectada se envió a la Registraduría, con el fin de que cambie en tres semanas los jurados de votación o las personas escogidas para esa labor para las elecciones del próximo 29 de mayo.

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Dicha base de datos se cruzó con el Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– de la Procuraduría, tras solicitud de la @Registraduria, teniendo en cuenta que los jurados de votación ?️ son particulares que ejercen funciones públicas transitorias. ? 2/3 pic.twitter.com/vpORWS9KnL

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 6, 2022

La anterior relación será remitida a la @Registraduria para que se evalúe la exclusión de la base de ciudadanos postulados, con el propósito de garantizar la idoneidad de los jurados de votación ?️ y lograr así que el país ?? tenga unas #EleccionesTransparentes. ? 3/3 pic.twitter.com/7EPQeIJPHW

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 6, 2022

En ese sentido, la información recolectada se envió a la Registraduría, con el fin de que cambie en tres semanas los jurados de votación o las personas escogidas para esa labor para las elecciones del próximo 29 de mayo.

Mientras tanto, la Procuraduría avanza en las investigaciones que abrió contra el registrado Alexander Vega por las irregularidades que se presentaron en las elecciones del 13 de marzo al Congreso.

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Las investigaciones disciplinarias se centran en determinar si Vega habría incurrido en una posible extralimitación de funciones “al exigir identificación biométrica de los votantes”, y posibles irregularidades sobre un conflicto de intereses en la contratación de la empresa Indra Sistemas, encargada de ese proceso electoral.

Actualmente, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa una demanda de acción popular contra el registrador. En ese proceso, la Procuraduría ha enviado información sobre la investigación que tiene a su cargo.