Brunori aclaró que no desea inmiscuirse en asuntos internos de Colombia

Alberto Brunori, delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, acompañó a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al viaje que realizó el Gobierno al departamento de Córdoba, para hacerle seguimiento a las amenazas que han recibido los líderes sociales en esa zona del país.

Durante el viaje, Brunori le aclaró a la ministra Gutiérrez que no tiene la intención de inmiscuirse en asuntos internos de Colombia, por haber pedido la sanción de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

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Así lo reveló la propia funcionaria del Gobierno, quien dijo que “el señor Brunori nos acompañó y nos decía que él considera que debe sancionarse la ley rápidamente, pero eso no significa que haya ley a la mayor brevedad posible”.

“Nos dijo que no se trata de inmiscuirse en los asuntos internos de Colombia, porque nosotros somos un estado social de derecho, soberano y autónomo y además hay tres poderes públicos involucrados en la formación de la ley”, añadió.

La petición que el delegado de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo para que se sancione la ley estatutaria de la JEP, generó molestias al interior del Gobierno Nacional.

Guillermo Fernández de Soto, embajador de Colombia ante la ONU, afirmó que se trata de una intromisión de un funcionario diplomático en asuntos internos de otro país.

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“Alberto Brunoni trató de inmiscuirse en asuntos políticos de Colombia y se sale del marco acordado por el sistema de la ONU. Se toma el atrevimiento de decirle al señor presidente qué debe hacer cuando en realidad en Colombia hay un Estado de Derecho que debe ser respetado”, había señalado en RCN Radio.

Por su parte, el canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo, continúa adelantando una ofensiva en el exterior para explicar las seis objeciones que presentó el Gobierno a este proyecto de ley.

Según el ministro Trujillo, los reparos presentados por el mandatario Iván Duque fueron bien recibidos por la Corte Penal Internacional (CPI).