Cali entra en urgencia manifiesta por tres meses
El orden público y el desabastecimiento propiciaron la implementación de la medida.
A través del Decreto 0233 del 2021, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró la urgencia manifiesta en la ciudad, que permite a los ordenadores del gasto de todos los organismos de la Alcaldía que lo requieran la facultad para contratar, de manera directa, el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, necesarios para atender la situación de orden publico.
"Se requiere celebrar contratos necesarios, de una manera ágil, bajo la causal de contratación directa de urgencia manifiesta prevista en la ley y que trasciende a las esferas de salud, seguridad alimentaria, medio ambiente, recuperación de bienes afectos al uso público, seguridad entre otras", indicó María del Pilar Cano Sterling, directora del Departamento Administrativo Gestión Jurídica Pública.
El documento consignó que los contratos celebrados en virtud en el marco de la urgencia manifiesta se someterán al control fiscal dispuesto.
Le puede interesar: Cosechas se están perdiendo en el Valle del Cauca por los bloqueos
"Desde mi curul de concejal, ante la declaratoria de urgencia manifiesta, quiero manifestar que estaré vigilante para que esos recursos se inviertan correctamente y no terminen en el bolsillo de los corruptos. Una gran mayoría de caleños sienten desconfianza", aseguró el cabildante Roberto Ortiz.
La medida empezó a regir desde este miércoles y tendrá una vigencia de tres meses, con posibilidad de prórroga debido a las condiciones en las que se encuentre la capital del Valle.
Le puede interesar: Saqueo a estaciones de gasolina en Cali podría terminar en explosión
La directora del Departamento Administrativo Gestión Jurídica Pública, María del Pilar Cano Sterling, agregó que con la medida se busca mejorar la capacidad de reacción de las autoridades locales frente a las afectaciones que se presenten y que puedan afectar las necesidades de la población y "si no se aplica, equivale a desconocer la normativa descrita y las facultades que tiene el estado para remediar la crisis".