Trabas al desminado, ¿una cuestión de plata o de miedo?

LA FM conoció cómo en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, los líderes campesinos prohíben el ingreso a las organizaciones encargadas del desminado humanitario, argumentando que no confían en la estabilidad del proceso de paz. Ellos temen que por dar información de la ubicación de las minas antipersona, los guerrilleros de las Farc les cobren por artefacto explosivo desactivado.

[Galería] En imágenes, el trabajo de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército 

Alfredo Enciso, vocero de organizaciones civiles de Caquetá, manifestó que los campesinos siempre han sido vulnerados y que muy seguramente con el desminado sucederá lo mismo.

Según él, desconoce el valor económico que pueda tener la preparación e instalación de una mina, por lo mismo los guerrilleros podrían cobrar lo que ellos consideren justo.

“Uno no sabe cómo sigan estos procesos y después vengan ellos y nos digan: ‘vengan, ustedes participaron y en esa parte había determinada cantidad de minas y eso tiene un valor de tanto, entonces me responden por ellas porque eso era de nosotros, no de ustedes’”, indicó Enciso.

Las comunidades indígenas están exigiendo que el desminado no técnico -que consiste en el acercamiento a la comunidad para que indiquen si conocen de la existencia de minas- tiene que hacerse con presencia de algún integrante de las Farc o de lo contrario prefieren seguir en la misma situación. “No vamos a soportar unos añitos más y que las cosas se hagan de buena manera”, advirtió Miguel Conda, miembro de los grupos étnicos Nasa.

En las zonas que durante años estuvieron en conflicto, muchos campesinos sienten que se está hablando un idioma diferente al del centro del país y lo acordado en La Habana (Cuba), pues exigen que un vocero de los negociadores de las Farc les dé un parte de tranquilidad, teniendo en cuenta que, al parecer, han recibido amenazas por parte de guerrilleros de las Farc que mandan desde las zonas veredales, que aún no es fija en Caquetá,

“La guerrilla lo que dice es que ellos no han dado el permiso para que inicie el proceso de desminado humanitario ( …) Los que nos dicen son los comandantes de las zonas, ‘Federico’ y ‘Muelas’, ellos son los que siguen llevando el mando en la región (…) eso es lo que a uno le preocupa a veces, que cuando demos la información ellos puedan tener represalias”, dijo un campesino del municipio de Montañita, Caquetá.

-¿Qué dice la Guerrilla de las Farc?-

LA FM habló con el líder guerrillero Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape, quien indicó que desde este grupo subversivo han estado liderando el proceso de desminado humanitario y desmintió cada una de las denuncias. Para él, esa es una muestra de que es necesario empezar a desminar no solo el territorio, sino los corazones de los pobladores que desconfían del Gobierno nacional. ‘Alape’ considera que los campesinos temen que al desminar, las autoridades realicen erradicación de cultivos ilícitos y no sustitución, como se acordó en La Habana, Cuba.

El vocero de las Farc aseguró que esta guerrilla está comprometida con el desminado humanitario, a pesar que no se ha realizado un mapa de ubicación con los terrenos que contaminaron en medio del conflicto; aclaró que están esperando que salgan algunos combatientes privados de la libertad que serán indultados, para que algunos de ellos realicen la cartografía de la que tanto se ha hablado.

Por el momento, están prestando apoyo con otro tipo de información, a la espera de la conformación de su propia Organización Civil de Desminado Humanitario que contará con el apoyo de más 500 guerrilleros y que será financiada con ayuda extranjera, a pesar de que el apoyo económico de la comunidad internacional se niega a los dos bandos que formaron parte del conflicto.

‘Alape’ también explicó que lo anterior no aplica a las Farc, después del acuerdo firmado, pues la guerrilla dejará de ser una organización militar para pasar a civil, algo que no sucederá con la Brigada de Desminado Humanitario que pertenece al Ejército Nacional y que tendrá que financiarse con recursos públicos de Colombia.

Las Farc esperan estar certificadas para realizar tareas de desminado humanitario en menos de cinco meses, mientras que las organizaciones que ya realizan desminado bajo la vigilancia de la Dirección para la Acción Integral contra Minas (DAICMA), tardaron más de un año para lograr la certificación con los estándares internacionales, que a la vez cuentan con el monitoreo de la Organización de los Estados Americanos (OEA ).

-Sin desminado no hay restitución de tierra, ni sustitución de cultivos ilícitos-

El reto para el Gobierno colombiano es desminar 52 millones de metros cuadrados antes del 2021, fecha que coincide con la misión que tiene la Unidad de Restitución de Tierras para restablecer los derechos de miles de campesinos, según confirmó el director de la entidad Ricardo Sabogal.

Sabogal advirtió que no se puede devolver una tierra a un campesino que está minada, porque las personas no podrán utilizarla. Por esa razón, su trabajo va de la mano con el DAICMA. Una vez se garantice que un territorio está libre de sospecha de minas interviene la Unidad de Restitución para garantizar la productividad del campo. Como ejemplo del trabajo conjunto está Samaná, Caldas, y Montes de María, Bolívar.

Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto: no hay mapas específicos de los territorios minados en Colombia

Los departamentos del país que tienen mayor número de tierras por restituir, y a la vez coinciden con cifras altas de minas instaladas, son Caquetá, Putumayo y Norte de Santander, sector de Catatumbo. En el recorrido de LA FM se evidenció la preocupación de personas que aseguran que hay veredas libres de sospecha de minas, pero que no se pueden intervenir hasta que el municipio completo sea certificado.

En Florencia, Caquetá, el corregimiento San Martín está libre de sospecha de minas, según la Brigada de Desminado Humanitario, pero no se ha podido realizar la restitución, por lo que Erbin Sánchez, corregidor, exige al Gobierno poner los ojos en la primera zona de Caquetá libre de sospecha de minas y así avanzar en los proyectos productivos de pimienta y huevos azules que se adelantan en su región.

Respecto a la sustitución de cultivos ilícitos se han presentado enfrentamientos entre la comunidad y la Fuerza Pública, pues los campesinos aseguran que no se está cumpliendo lo pactado y está realizando erradicación a la fuerza; por eso mismo se niegan a decir dónde hay minas instaladas, pues temen quedarse sin proyectos para sostener a sus familias, así lo señaló Edinson Sierra, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Palma Azul, del municipio de La Montañita.

-Solo ocho municipios en todo el país están libres de sospecha de minas-

Hasta la fecha solo se han certificado ocho municipios como libres de sospecha de minas antipersona. En el departamento de Antioquia están San Carlos, San Francisco, Zambrano y Guatapé. En San Vicente del Chucurí, en Santander, y El Dorado, en Meta. Ese proceso lo realizó el Batallón 60 del Ejército Nacional, encargado del desminado humanitario.

Cabe recordar que esa labor también la realizan seis organizaciones civiles hasta el momento certificadas, entre ellas, The Halo Trust que trabaja con personal de las zonas en conflicto. Esta organización ha entregado dos municipios libres de sospecha de minas; estos son Nariño y La Unión, en el departamento de Antioquia.

En conversación con LA FM los directivos de algunas de estas entidades manifestaron que no ha sido posible entregar territorios libres de sospecha de minas, por la misma complejidad que esto requiere.

Las cifras del territorio contaminado en Colombia no son exactas; hay lugares en las que se estima pueden ser menos y otras en las que se hace el despliegue de personal y no hay minas por desactivar, lo cual requiere un trabajo riguroso y preciso.

Irene Manterola, directora de Handicap International en Colombia, indicó que desde mayo de 2016 se están realizando los estudios no técnicos con el apoyo de 85 personas especializadas en resguardos indígenas.

Por su parte, Álvaro Jiménez, dirigente de la Campaña Colombiana Contra las Minas Antipersonal, tiene 12 municipios asignados para desminar, entre ellas zonas rurales de Bogotá en el territorio de Sumapaz. 90 personas realizan el trabajo de desminado, pero asegura que uno de los factores que más dificultan el avance es la financiación del proyecto, teniendo en cuenta que solo cuentan con apoyo de comunidades internacionales hasta el momento han recibido 1 millón 250 mil dólares y necesitan más de 14 millones de dólares.

-5.000 miembros del Ejército se dedican al desminado sin camuflados, ni armas-

El próximo 19 de febrero ingresarán a las tareas de desminado humanitario 1.500 y hombres y mujeres del Ejército Nacional para completar un equipo de 5.000 uniformados, los cuales sin camuflados, ni fusiles, llegan a las poblaciones en las que durante años se escribió la historia del conflicto armado.

El trabajo en campo está articulado con ingenieros expertos en tecnología para la detección de minas y químicos que logran rastrear el modus operandi de los explosivistas, para determinar el individuo que desde la organización ha construido minas antipersona con diferentes tipos de activación.

Para realizar el desminado cuentan con tres técnicas: la manual, que puede tardar horas por la misma complejidad y riesgo que corre el soldado. La otra es con maquinaria, que solo se puede realizar con el aval de las autoridades ambientales, tras un estudio del terreno.

La tercera es la canina, que durante años dejó altos costos para el Ejército Nacional, dado a que destinaban más de 12 mil millones de pesos para la adquisición de estos animales, pero ahora tienen criaderos con más de 2.000 caninos entrenados para la búsqueda de explosivos. La raza que se prefiere para estas tareas es la del Pastor Belga, por su resistencia a las temperaturas y alto nivel de disciplina. Otros son los Labradores Golden. Se espera en unos años reducir el 70% de los costos generados con esta modalidad de búsqueda.

-Cifras explosivas-

Colombia es el segundo país en el mundo más minado, seguido de Afganistán. En los últimos 26 años se han registrado 11.563 víctimas, de las cuales 5.554 son militares. Han muerto 2.410 personas a causa de las explosiones de estos artefactos.

Los departamentos que más han sufrido de este flagelo son: Antioquia, Meta, Caquetá y Putumayo.

Para tener el territorio libre de minas es necesario garantizar la no repetición, pero mientras en el territorio esté la presencia de la guerrilla del ELN, eso no será posible.

Con información de Exclusivo LA FM