Captura de conductores de bus accidentado que transportaba migrantes fue declarada ilegal

Los tres hombres encargados del bus que el pasado 1 de julio se accidentó en la vía Manizales - Medellín, a la altura del sector de Tres Puertas, cuando transportaba a por lo menos 30 ciudadanos de nacionalidades extranjeras, serán llamados a imputación de cargos, y sí la fiscalía lo considera necesario, podrá solicitar medidas de aseguramiento. Un juez en Manizales decretó como legal la captura de estas personas.

Horas después de la captura de los conductores del bus, un juez de control de garantías había declarado ilegal la captura. Ese día la Fiscalía apeló la decisión y dos meses después el Juzgado Séptimo Penal del  Circuito en Manizales le dio la razón al ente acusador y la decretó como legal.

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El abogado Rafael Torregrosa, defensor de los tres empleados del bus, indicó que con esta decisión el proceso seguirá adelante y la Fiscalía  puede tener elementos para continuar con la acción legal en la que podrá hacer la imputación.

El abogado también indicó que sus representados seguirán compareciendo en el proceso y dijo que como no viven en Manizales, muy posiblemente puedan estar presentes en las audiencias de manera virtual.

Recordemos que inicialmente el juez de control de garantías que declaró ilegal la captura consideró que no se había configurado la flagrancia en dicha detención, ahora en segunda instancia otro togado consideró que si hubo esa calidad y explicó que los uniformados hicieron lo que corresponde en estos casos, ya que priorizaron la salud de las víctimas del accidente y posterior a ello corroboraron con Migración Colombia la situación de los ciudadanos extranjeros.

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Ese día el bus de servicios especiales transitaba con ciudadanos de nacionalidad haitiana, chilena y brasileña. Al parecer habían ingresado un día antes a Colombia por Nariño buscaban llegar a Antioquia, pasar El Darién y seguir por Centro América con rumbo final a los Estados Unidos.

Estos tres encargados del bus son acusados de delito de tráfico de migrantes, lo cual los expone a una pena de entre ocho a 12 años en prisión.