Centros Poblados pagaría $39.000 millones de cláusula penal
Adicionalmente estaría obligada a devolver los 75.000 millones que le anticipó el MinTIC.
La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, aseguró que la Unión Temporal Centros Poblados deberá devolver los 75.000 millones de pesos de anticipo que recibió por el polémico contrato que buscaba llevar internet a más de diez mil escuelas públicas rurales de Colombia.
Según la funcionaria, adicional al reintegro de los 75.000 millones de pesos, Centros Poblados tendrá que pagar más de 39.000 millones de pesos de la cláusula penal que estaba contemplada en esa licitación, adjudicada en diciembre de 2020.
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"Los recursos entregados deberán devolverse en su totalidad, el contratista incumplido tendrán que devolver integralmente los más de 70.000 millones del anticipo y pagar más de los 39.000 millones de la cláusula penal, bien sea de manera voluntaria o a través del cobro coactivo o las acciones legales precedentes", dijo Valderrama.
Esta determinación se conoce cuando el Ministerio de Tecnologías dejó en firme el contrato con la Unión Temporal Colombia Conecta, integrada por la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) y Skynet, quienes ocuparon el segundo lugar en la pasada licitación y que serán ahora los encargados de llevar conectividad a la zona que le correspondía inicialmente a Centros Poblados.
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Ante esta decisión de MinTIC, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó este jueves que cerca de 6.589 centros rurales de Colombia tendrán internet en un tiempo máximo de 17 meses.
"Nosotros mantenemos toda nuestra propuesta en firme y tenemos además listos todos los equipos para arrancar cuanto antes la firma de ese contrato, por supuesto y la iniciación de la instalación de esas escuelas", dijo Sergio González, presidente de la ETB.
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A comienzos de esta semana también se conoció que el fiscal general, Francisco Barbosa, formulará imputación de cargos contra otras cuatro personas que estarían implicadas en el escándalo sobre irregularidades en el contrato entre Centros Poblados.