Corte Constitucional exige seguridad para desplazados

 

Para la Corte lo más preocupante son las acciones de nuevos grupos armados al margen de la ley. “La persistencia de los patrones de despojo en las regiones macro focalizadas amerita, por lo tanto, la adopción de medidas de protección sobre esos predios, de carácter individual y colectivo, mientras las zonas en las que se ubican estos predios son micro focalizadas. Sumado a lo anterior, el mismo Gobierno Nacional ha encontrado, en las zonas macro focalizadas, nuevos patrones de despojo”.

 

Estos “nuevos patrones de despojo” obedecen a la presencia de bandas criminales en regiones, los Organismos de Control han alertado sobre las dificultades que viven los desplazados para recuperar sus predios. Lo que más preocupa a la Corte Constitucional es que no se ha avanzado ni siquiera a la mitad de las metas. “Tanto el Gobierno Nacional como los Organismos de Control coinciden en que hay un alto porcentaje (65%) de solicitudes que no ha sido atendido en el marco del proceso de restitución de tierras, debido a la falta de condiciones de seguridad y para el retorno que todavía afecta a amplias regiones del país”.

 

Pero las acciones violentas no es la única dificultad del Programa de Restitución de Tierras a las víctimas de desplazamiento. La Corte ordena evaluar si el esfuerzo presupuestal que ha hecho el Gobierno se refleja en la mejora de las condiciones de vida de los desplazados. El Ministerio de Hacienda deberá realizar un estudio en el que quede claro en qué se invirtieron 9.5 billones de pesos del presupuesto de 2015.

 

Aunque 9.5 billones de pesos es una cifra significativa dentro del presupuesto nacional, ese valor está lejos de ser lo suficiente para garantizar, por lo menos, que los desplazados tengan vivienda. Según la Corte Constitucional se necesitarían, mínimo 4 veces ese presupuesto. “La falta de éste para solventar los costos de la Ley en lo ateniente a la población desplazada a octubre de 2015, oscila entre $37.427 billones de pesos y $58.624 billones de pesos, dependiendo del escenario de vivienda que se considere”.

 

En el documento conocido por Noticias RCN, la Corte Constitucional vuelve a poner en conocimiento una problemática que está llenando los despachos de los jueces de restitución de tierras. Se trata de los segundos ocupantes, personas que compraron bienes que años atrás fueron objeto de despojo, pero a la hora de adquirirlos o de ocuparlos no tuvieron conocimiento de que se trataba de predios asociados con la violencia ejercida por grupos armados.

 

La Corte pide que los jueces y magistrados que resuelven problemas de tierras definan unas reglas claras sobre estos ‘segundos ocupantes’. Sin pasar por alto que en muchos casos esas personas que adquirieron u ocuparon bienes, deben ser indemnizados. “En los casos en que el desalojo de los ocupantes secundarios sea justificable e inevitable, los Estados deben adoptar medidas positivas para proteger a aquellos que no dispongan de medios para acceder a otra vivienda adecuada cuando deben abandonar la que ocupan en ese momento, con el fin de que no se queden sin hogar y de que su derecho a una vivienda adecuada no se vea menoscabado de ningún otro modo”.

 

Colombia figura en los primeros lugares de países con más desplazados. Desde 2004 la Corte ha dado órdenes para superar esa problemática. En el último informe reconoce avances, pero evidencia que el país está lejos de garantizar el retorno de las víctimas a sus parcelas. Lo que más preocupa es que a pocos días de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la Corte advierta que nuevos grupos delincuenciales estén afectando el retorno de desplazados a sus territorios.