Corte deja en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes decisión sobre el glifosato

Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme las condiciones que hay para la reanudación de las fumigaciones de glifosato en Colombia. Esto tras concluir que el Gobierno no cumplió con las exigencias hechas para revisar esta práctica en la lucha contra los cultivos ilícitos.

El Consejo Nacional de Estupefacientes debe tomar la decisión de reanudar la aspersión aérea con base en la sentencia T-236 de 2017, que no señala condiciones absolutas. Debe ponderar. 2/2 pic.twitter.com/CoLwPKmI5F

— Corte Constitucional (@CConstitucional) July 18, 2019

En el complejo debate jurídico, el alto tribunal mantuvo las condiciones que ordenó la Sentencia T-236 de 2017, en la que se ordenó comprobar que el uso del glifosato en la aspersión aérea no causa daños a la salud y al medio ambiente. 

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"Reiterar que para la reanudación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato (...) deberán cumplirse los requisitos previstos en la sentencia T-236 de 2017 con las precisiones de este auto", precisa la decisión judicial. 

Para la Sala, el Gobierno debe hacer la consulta con las comunidades antes de iniciar las aspersiones aéreas. De no hacerlo, no se pueden reanudar las fumigaciones con este químico.

Para esto se deberán presentar "evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente". Para la Corte, esto no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. "Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto".

La Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró la competencia del Consejo Nacional de Estupefacientes para decidir sobre la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato -PECIG-. 1/2

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La Corte Constitucional señaló que el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y valorar toda la evidencia científica y técnica disponible frente a la "minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente" y las herramientas que existen en la política pública contra las drogas. 

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"La decisión deberá tomarse en el marco de la política pública que se deriva del cuarto punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto para la Construcción de una Paz Estable y Duradera", precisó la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz. 

Este punto es el de una “solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, creando el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que estará a cargo de la Presidencia y que busca que las comunidades tengan un papel activo en la solución.