Corte Suprema de Justicia rechazó atentado contra jueces y fiscales en Tuluá

La Corte Suprema de Justicia rechazó el atentado registrado contra jueces y fiscales en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) que se registró en la noche del martes 12 de septiembre. 

El tribunal emitió un comunicado pidiendo acciones urgentes de las autoridades para establecer quienes serían los responsables de este ataque y garantizar la vida y seguridad de los funcionarios judiciales. 

Leer también: Investigan atentado contra vivienda de la familia de candidato a la Alcaldía de Tuluá, Valle del Cauca

"La Corte Suprema de Justicia demanda una respuesta interinstitucional urgente de las autoridades competentes y los organismos de seguridad y protección del Estado", dice el pronunciamiento de la corporación. 

Para los magistrados, las soluciones urgentes que deben ser implementadas, corresponden a acciones que permitan garantizar la seguridad y el ejercicio autónomo de los funcionarios amenazados 

"Debe comprender la garantía de la vida e integridad de los servidores judiciales amenazados, el ejercicio autónomo e independiente de la función judicial en todo el país y la salvaguarda de las sedes de la justicia", agrega el documento. 

La corte ya había hecho un llamado a garantizar la seguridad de los servidores judiciales en el país, luego de diversas amenazas que se han presentado en las últimas semanas, por lo que reiteró su llamado.

Siga a La FM en WhatsApp AQUÍ

"Para que se atiendan con prontitud las medidas de protección solicitadas por los servidores judiciales ante los actos violentos de intimidación, así como la priorización de las investigaciones y judicialización de los integrantes de las bandas criminales responsables", concluye el comunicado. 

También le puede interesar: Amenazan a periodistas para que publiquen información de banda criminal de Tuluá, Valle del Cauca

Los magistrados aseguraron, dicen confiar en la acción conjunta y coordinada de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional, para enfrentar con decisión las amenazas violentas contra la independencia judicial y el Estado de Derecho.