Defensores de DD.HH. critican pasividad de la fuerza pública en el Catatumbo

Defensores de Derechos Humanos en el departamento de Norte de Santander piden al Gobierno que tome las acciones correspondientes para garantizar la vida de miles de personas que se encuentran afectadas por los combates entre el Eln y Epl en el municipio de Hacarí. 

Holger Pérez, miembro de Ascamcat, señaló que en la región hay cerca de 6 mil uniformados del Ejército y la Policía, los cuales según esa organización no han realizado ningún tipo de acción militar para retomar la tranquilidad en el sector. 

"Parece que los militares están viendo lo que pasa en el Catatumbo por televisión porque todo el mundo conoce lo que pasa y hasta el momento no se ve un accionar por parte de esta fuerza de despliegue rápido" expresó el líder social.  

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El representante de la Asociación Campesina del Catatumbo indicó que allí se requiere inversión social y no refuerzo de militares.  

"Nosotros como población campesina lo que hemos solicitado a través de la historia es la presencia del Estado porque lo que está pasando ahora, es por esa falta de institucionalidad... El Estado tiene una deuda histórica que lo único que ha traído es guerra. Esto no se arregla con más militares, acá se necesita es salud, educación y trabajo", indicó.

También denunció el incremento de familias desplazadas hacía los cascos urbanos del Catatumbo, mientras los combates se continúan presentando.    

"Esta situación no es nueva. Desde el mes de marzo cuando se empezaron a presentar los primeros enfrentamientos, miles de familias han salido de territorios por miedo a quedar en medio de la guerra", precisó. 

Entre tanto, Rafael Navarro, Defensor Regional del Pueblo en la provincia de Ocaña, señaló que se continúa denunciando por parte de los pobladores del municipio de Hacarí, explosiones y ráfagas de fusil en inmediaciones de las veredas Limoncito, Mesitas, y Agua Blanca.   

El funcionario sostuvo que junto a la Cruz Roja, Ongs y la Iglesia Católica se espera la autorización para conformar una comisión humanitaria que ingresa a la zona para verificar el estado real de las comunidades campesinas.