Defensoría aseguró que disidencias de las Farc están amenazando a los habitantes del Huila

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 025 de 2022 en la que advierte que las disidencias de las Farc están dejando en grave riesgo a más de 70 mil habitantes de los municipios de Nátaga, La Plata y Paicol en el departamento del Huila, donde hacen presencia armada.

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En el documento se advierte que la columna móvil Dagoberto Ramos estructura perteneciente al Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las Farc están asentadas en las zonas rurales y urbanas de los dos municipios huilenses que antes de la firma del Acuerdo de Paz estaban en poder de Frente 6 de las FARC-EP. 

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo identificó al Comando Coordinador Occidente (CCO), como una macroestructura que reúne a las facciones disidentes bajo el mando de Gentil Duarte y que delinquen en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de Huila y Tolima; también se ubican en el Bajo Putumayo.

También se conoció que la columna móvil Dagoberto Ramos se encarga principalmente de la captación de rentas provenientes del desarrollo y establecimiento de economías ilegales, especialmente de tráfico de marihuana y la imposición de contribuciones arbitrarias a comerciantes y pobladores como forma de financiar su expansión en la zona. 

Están distribuidos así: 

Nátaga: Casco urbano y en las veredas de Yarumal, Patio Bonito, La Mesa, La Esmeralda, Teniente, Las Mercedes, Alto Carmelo, El Socorro y la Cascajosa y en el resguardo indígena de llano buco. 

La Plata: Zona urbana, corregimientos de Santa Leticia (zona de litigio) Belén (Centro Poblado) y en las veredas de Villalosada, San Vicente, El Salado, La Unión, La Aurora, La Palma, Nueva Irlanda, Gallego Villa Mercedes, Potreritos, El Carmen, Pescador, Colombia, Birmania, Laderas, Cansarrosines, Kioskitos, Getzen, Monserrate, Santa Martha, La Esmeralda, La Independencia.

También afectan a los resguardos indígenas de Juan Tama, Potrerito, Fiw Páez y la Gaitana. 

Paicol: En las veredas de Las Mercedes, Matanzas. 

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“Este territorio resulta estratégico y permite una conexión rápida entre las regiones Andina y Pacífica, está en límites con el Cauca y cuenta con una ruta desde el norte hasta el sur del Huila para el comercio de bienes y mercaderías en general, que los delincuentes buscan manejar para sus actividades criminales”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

La alerta temprana también advierte que las disidencias de las Farc buscar asegurar el tránsito de los estupefacientes, utilizando vehículos privados y de transporte público, retenes en la vía, evasión de los controles viales, camuflaje de narcóticos en maletas, entre otras modalidades, que incluyen la utilización de población indígena para el tráfico.

La Defensoría también detectó que las conductas violatorias de los derechos humanos son: reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; cobro de extorsiones a los transportadores, comerciantes y campesinos, y utilización de la población civil para el transporte y distribución de marihuana.

“Aunque la explotación económica de la marihuana constituye un interés predominante de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, resulta claro que el dominio de la red vial también posibilita el control sobre la distribución de otros enseres y productos de carácter legal, como alimentos, semillas y productos agrícolas, entre otros. Allí se registra también el cobro de extorsiones a los agricultores y comerciantes”, dijo Camargo Assis. 

También están en riesgo los líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado y exguerrilleros que firmaron el Acuerdo de Paz y se encuentran en proceso de reincorporación. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en los municipios que están afectados por la presencia armada de las disidencias, se han incautado en los últimos días cerca de 500 kilos de marihuana, lo que advierte acerca del tránsito continúo del alucinógeno. 

“Lo que está ocurriendo en Nátaga y La Plata amerita el accionar preventivo coordinado y urgente para salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil; por lo tanto, urge mejorar la seguridad en la amplia red vial presente en ambos municipios”, afirmó.