Demanda ante el Consejo de Estado busca cierre definitivo del Cerrejón

Gran preocupación se vive en el departamento de La Guajira, al conocerse la aceptación, por parte del Consejo de Estado, de una demanda de nulidad simple que busca dejar sin efectos legales el Plan de Manejo Ambiental Integrado (PMAI) de Cerrejón, lo que llevaría al cierre definitivo e inmediato de la operación.

Esta denuncia fue interpuesta por dos miembros de las comunidades indígenas, cuatro ONG, entre ellas Fuerza de Mujeres Wayuu, CINEP, CAJAR y CENSAT y los congresistas Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia.

Dentro de los argumentos presentados en la demanda están: la falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, lo que ha generado crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños. 

Los demandantes también indican en el proceso hubo un desconocimiento del derecho de participación de la población en general y en especial del derecho a consulta previa de las comunidades indígenas; la falta de prevención adecuada de los impactos, que genera la actividad minera en el medio ambiente.

El Consejo de Estado  tendría diez días para fallar esta demanda, lo que tiene en gran incertidumbre a los habitantes del departamento, ya que la multinacional, a parte de ser la mayor fuente de empleo y mantener la economía vigente aporta, en gran porcentaje, a la economía del país. 

Son cerca de 12 mil los empleados que se verían afectados directamente, de haber una decisión positiva de esta demanda de nulidad, pues son cerca de 5.000 los empleados directos y 7.000 tercerizados.

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También, en el tema de regalías, se afectarían las arcas del Gobierno Nacional, pues en los últimos 16 años, ha recibido cerca de  6,6 billones de pesos en estos millonarios recursos, un poco mas de 10,1 billones de pesos en impuestos, sin incluir lo que recibe directamente el departamento de La Guajira. 

Por su parte, miembros de Sintracarbón adelantarán una junta nacional, en la que tocarán el tema jurídico, analizarán los impactos laborales y sociales para luego realizar un pronunciamiento. 

A su turno, el gobernador encargado de La Guajira, Jhon Fuentes Medina, aseguró que si bien las personas que han instaurado esta demanda, tienen el derecho de hacerlo, esto sería una estocada ante la crisis del departamento. "No estamos preparados para un cierre de la mina, importantes recursos dejarían de llegar al departamento y a la Nación, veríamos truncados muchos sueños de los guajiros de salir adelante".

El Gobernador (e) pidió al Consejo de Estado que sopese toda la situación y como alta corte de nuestro país, actué en derecho y pondere todas las situaciones que son de peso, para el bienestar de este departamento, que hoy pasa por la peor crisis político- administrativa.

La multinacional Cerrejón rechazó, a través de un comunicado de prensa, los cuestionamientos contenidos en la demanda y  asegura que los demandantes, "pretenden hacer ver que la empresa ha obtenido sus contratos, licencias y autorizaciones de manera ilegítima, así como confundir a la opinión pública y a las comunidades del departamento, presentando a la compañía como responsable de los retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta hoy La Guajira"

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Indicó además que "estos cuestionamientos ponen en entredicho la institucionalidad de un país, afectan de manera grave la seguridad jurídica, no solo para Cerrejón sino para la industria en general, y causan pérdida de competitividad en el sector privado, que es el motor de desarrollo de la economía nacional".

RCN Radio intentó comunicarse con algunas de las ONG demandantes, para conocer de primera mano, la información, entre ellas Fuerza Mujeres wayuu, que aseguró que se reuniría con el miembro de la organización que firmó la demanda, para pronunciarse; sin embargo, no ha sido posible contactarlos de nuevo.  

También fueron  incluidos, en calidad de demandados,  la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.