Designación de exparamilitares como gestores de paz genera críticas desde la Defensoría del Pueblo

“Si queremos que quienes hoy cometen crímenes dejen de hacerlo, debemos exigir el cumplimiento de los compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado. Se los debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy.” Defensora @MarnIris

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— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 15, 2024

"Estos exlíderes, responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado, fueron designados para colaborar en la construcción de paz y la garantía de no repetición, a pesar de su historial de reincidencia en actividades delictivas", dijo Marín al cuestionar la efectividad y la moralidad de esta decisión porque podría enviar un mensaje erróneo a aquellos que aún cometen delitos graves en el país.

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La defensora del Pueblo planteó tres condiciones fundamentales para que los exparamilitares cumplieran un rol real en la paz.

En primer lugar, subrayó la necesidad de que reconozcan su responsabilidad por los crímenes cometidos. En segunda instancia, propuso que su labor como gestores se realice bajo un plan de trabajo claro y supervisado, con un monitoreo constante para evitar desvíos.

Finalmente, insistió en que los exparamilitares deben comprometerse públicamente con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto.

Marín Ortiz hizo hincapié en que la paz no puede construirse sobre el desconocimiento de los derechos de las víctimas, especialmente los de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, quienes siguen siendo víctimas de reclutamientos forzados y otras violaciones.

La defensora señaló que los responsables de crímenes de guerra deben cumplir con las sanciones judiciales correspondientes y asumir las consecuencias de sus actos, en el marco de un proceso de justicia transicional que prevalezca en la construcción de una paz duradera.

La funcionaria también precisó que en lo corrido de este año se ha registrado la vinculación forzada de 282 niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales, de los cuales, más de la mitad son indígenas y un 35% son mujeres.

Marín explicó que esa cifra coincide con la imputación de seis exintegrantes del secretariado de las Farc por el reclutamiento y utilización de más de 18.000 menores entre 1996 y 2016. 

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Concluyó que los crímenes por los que fueron acusados incluyen graves violaciones de Derechos Humanos como abusos sexuales, especialmente contra niñas, y el reclutamiento de menores pertenecientes a comunidades indígenas y poblaciones vulnerables.